Un guardia civil se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, admitiendo haber cometido una serie de hurtos en la vivienda del que fuera subdelegado del Gobierno de Cuenca, J.R.C., durante el año 2020. El acusado, identificado como C.P.B., ha justificado sus actos ante el jurado como resultado de una «desesperación absoluta» para obtener fondos y detener el embargo de su nómina y de su parte de la vivienda heredada de su padre.
Durante el inicio del juicio este martes, el acusado se ha declarado parcialmente conforme con la versión de los hechos presentados por la Fiscalía, aceptando la existencia de un delito leve continuado de hurto. No obstante, la defensa ha impugnado la acusación de allanamiento de morada, sosteniendo que el ingreso a la propiedad no tenía la intención de vulnerar la intimidad del subdelegado y su pareja, sino de apoderarse de bienes.
La representación legal de C.P.B. ha solicitado una condena de dos meses de multa, a razón de seis euros diarios, rechazando la posibilidad de una inhabilitación perpetua del acusado para ejercer su profesión. El abogado ha descrito una situación de penurias económicas agravadas por la pandemia y las consecuencias en los negocios de la pareja del guardia civil, los cuales llevaron al embargo de bienes y nómina.
El agente ha confesado en su testimonio la «estupidez de su vida» al haberse apropiado de 50 euros del domicilio y ha remarcado que este monto ya ha sido devuelto. A su vez, ha expresado su vergüenza por atravesar un «estado de necesidad» y ha insistido en que antes de estos sucesos nunca había cometido un delito similar.
El juicio ha contado también con las declaraciones de la pareja del subdelegado y del propio J.R.C., quienes han relatado el impacto sufrido y las medidas de seguridad adoptadas, como la instalación de cámaras, tras darse cuenta de la desaparición de dinero. Otras declaraciones han venido de guardias civiles implicados en la investigación y de un funcionario gubernamental para explicar ciertos aspectos del caso.
Culminó la sesión con la exhibición de las grabaciones de seguridad, tras la cual el acusado ha extendido sus disculpas a los perjudicados, al jurado y a la Guardia Civil por sus acciones.
El Ministerio Final ha mantenido la acusación por allanamiento de morada, un delito que podría resultar en una condena de un año de prisión y doce años de inhabilitación absoluta. Por su parte, la defensa del guardia civil permanece firme en su argumento de que el único objetivo era el hurto de dinero y anticipó que podría llevar el debate legal hasta el Tribunal Supremo si fuera necesario.
