En un acontecimiento significativo en los procedimientos judiciales de Toledo, el Ministerio Fiscal ha revisado a la baja la petición de pena para N.G.E., una mujer juzgada por un crimen que conmocionó Seseña Viejo. Acusada de ingresar al domicilio de su exmarido y atacarlo mortalmente, N.G.E. ha visto reducido su potencial tiempo en prisión tras admitir su responsabilidad en los hechos.
Durante una tensa sesión celebrada este martes, el reconocimiento por parte de N.G.E. de los sucesos ocurridos el 26 de noviembre de 2020, resultó en un cambio en la calificación jurídica del delito inicial de asesinato con alevosía a homicidio; como consecuencia, la Fiscalía modificó su solicitud de la pena de 23 años de cárcel a 14. Además de admitir los acontecimientos, la encausada contribuyó a la reparación del daño al vender su propiedad, lugar del incidente, entregando los 66.000 euros conseguidos a las tres hijas de la víctima.
La cantidad económica que N.G.E. debe compensar a las perjudicadas también ha sido disminuida. Inicialmente confrontando una indemnización de 150.000 euros para cada hija, ahora debe pagar 21.000 euros por cada una, y otros 3.619,63 euros a D.A.P.C., quien era la compañera sentimental de la víctima al momento de su muerte.
Esta revisión de la pena y las indemnizaciones fue aceptada tanto por la defensa de N.G.E. como por la acusación particular. El jurado popular, compuesto por seis mujeres y tres hombres, se retiró a deliberar sobre el caso después de escuchar los informes finales de cada parte y los testimonios de los médicos forenses, que declararon vía videoconferencia.
El juicio, que inició alrededor de las 11:30 horas del martes, contó con la declaración de la propia N.G.E., quien admitió su intención de confrontar a su exmarido por no enviar a sus hijas al colegio personalmente. Se precipitó la tragedia cuando ella entró en la residencia disponiendo de las llaves, encontrando a la víctima junto a su nueva pareja, y comenzó a agredirles, culminando en un acto de violencia que se llevó la vida de su exmarido.
Inicialmente, las pretensiones de la Fiscalía y la acusación particular situaban la pena en torno a los 20 a 23 años por un delito de asesinato y solicitaban indemnizaciones considerables tanto para las hijas como para D.A.P.C. No obstante, la defensa planteó argumentos menos graves, sugiriendo en su momento que N.G.E. había cometido un delito de lesiones con una pena de tres años, o en un contexto alternativo, uno de homicidio imprudente con una pena de cuatro años, citando que la muerte surgió por un presunto «olvido» de los profesionales sanitarios en medio de la crisis del COVID-19, y no como resultado directo de las heridas infringidas.
El caso ha fascinado a la opinión pública y mantiene a la comunidad a la expectativa de la decisión del jurado.
