La Asociación para el Adecuado Uso del Agua reclama un rechazo firme de los partidos locales ante un proyecto que podría amenazar el entorno natural, patrimonial y agrícola de la comarca
La Asociación para el Adecuado Uso del Agua (ACUADA) ha emitido una carta pública en la que solicita a los partidos políticos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y su comarca que se opongan de manera clara a la instalación de dos plantas de biometano previstas en el término municipal de Campo de Criptana. La misiva, dirigida a representantes locales y regionales, alerta sobre las graves consecuencias medioambientales, culturales y paisajísticas que, a juicio de la organización, supondría la ejecución del proyecto impulsado por la empresa EUNECTES S.L., promotora de una instalación planificada en las parcelas 65, 66 y 67 del polígono 107 de dicho municipio.
Entre los argumentos expuestos por ACUADA destaca la falta de transparencia y la escasa calidad técnica del Estudio de Impacto Ambiental existente, que no detalla cuestiones clave como la tecnología empleada, el tratamiento de gases contaminantes, el manejo de purines ni la prevención de filtraciones hacia el acuífero 23 y el río Záncara, a tan solo 2,2 kilómetros de la planta.
Según datos del piezómetro 04.04.217, el nivel freático en la zona oscila entre 60 y 70 metros de profundidad, lo que indica una alta permeabilidad y un riesgo real de contaminación subterránea en caso de vertidos accidentales.
Riesgos para el paisaje, la viticultura y el turismo
La carta de ACUADA subraya también el impacto sobre zonas de alto valor ecológico y cultural. En concreto, la planta afectaría al Lugar de Interés Geológico (LIG) del complejo eólico pleistoceno-holoceno de Campo de Criptana, una formación dunar única en la Llanura Manchega. A pesar de que el estudio minimiza la relevancia del entorno, los datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) contradicen dicha valoración, señalando su valor científico, paisajístico y turístico. De ejecutarse el proyecto, parte de una duna sería destruida, alterando la dinámica natural del viento en la zona y poniendo en riesgo su integridad geomorfológica.
La asociación también recuerda que la instalación se ubicaría en una zona con Denominación de Origen La Mancha, lo que supone una amenaza para la producción vitivinícola. En otras regiones como Valladolid o León, iniciativas similares ya han sido rechazadas por los consejos reguladores ante el posible perjuicio a la calidad del vino y al paisaje agrícola.
Impacto visual, olfativo y cultural
Además del riesgo para el acuífero y los valores geológicos, ACUADA advierte de los efectos visuales y olfativos que tendría la planta sobre Alcázar de San Juan y su entorno. Desde puntos icónicos como el Cerro de los Molinos, el nuevo complejo industrial modificaría sustancialmente las vistas del campo dunar. A esto se suman los olores generados por el proceso de digestión anaerobia, cuyos compuestos volátiles —transportados por los vientos dominantes del sureste— alcanzarían fácilmente a las poblaciones cercanas, especialmente entre enero y abril y de septiembre a diciembre.
La carta denuncia también que la planta se construirá sobre una vía pecuaria protegida (la vereda de Quintanar) no desafectada, lo que añade un nuevo punto de conflicto legal y ambiental.
ACUADA: sí al biogás, pero con condiciones
La asociación deja claro que no se opone a las plantas de biogás como concepto, pero defiende que estas instalaciones deben cumplir estrictas garantías ambientales y situarse en ubicaciones adecuadas, preferiblemente dentro de proyectos de ciclo cerrado ligados a explotaciones ganaderas que generen los residuos que serán procesados.
“No podemos permitir que un modelo industrial sin garantías ni transparencia se imponga sobre el interés general de la ciudadanía y el equilibrio medioambiental de la comarca”, concluyen desde ACUADA.
En los próximos días, la entidad tiene previsto solicitar un posicionamiento formal a la Denominación de Origen La Mancha, en línea con lo manifestado por otros consejos reguladores vitivinícolas del país.
El debate está servido, y desde la sociedad civil se exige ahora a los partidos políticos un compromiso claro y público. La ciudadanía, dice ACUADA, no puede quedarse sin respuestas.
