La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha subrayado que el calendario de cierre del parque nuclear español, previsto entre 2027 y 2035, fue consensuado por las empresas del sector y formalizado en un protocolo firmado en 2019. Aagesen enfatizó que hasta la fecha, ninguna de las empresas operadoras de las centrales nucleares ha solicitado modificar dicho calendario.
Durante la Conferencia Sectorial de Energía celebrada este jueves, Aagesen compartió con los consejeros autonómicos los avances más destacados en el sector energético en los últimos meses, resaltando la evolución significativa que ha experimentado España, evidenciada en las crecientes solicitudes de acceso a la red eléctrica.
En la reunión, y a petición de cinco comunidades autónomas, se abordó la posibilidad de modificar el calendario de cierre de las centrales nucleares. Los consejeros de Energía de las comunidades gobernadas por el Partido Popular solicitaron una prórroga en la vida útil de estas instalaciones, propuesta que fue aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados mediante una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el partido.
Sin embargo, Aagesen recordó que el calendario actual extiende la vida útil de diseño de las centrales hasta una media de 45,8 años, comenzando desde los 40 años iniciales. Además, resaltó que un cierre ordenado y progresivo es fundamental para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que respalda el desarrollo de energías renovables y fomenta la inversión industrial en España. “El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales”, añadió.
En cuanto a la fiscalidad relacionada con las centrales nucleares, Aagesen aclaró que el Ejecutivo no ha realizado modificaciones en la imposición fiscal de estas instalaciones. Respecto a los costes de gestión de residuos radiactivos, que son un gasto operativo de las centrales, la ministra indicó que el Gobierno se encontró con un plan de gestión de residuos de 2006, considerado obsoleto, y que se ha elaborado un nuevo plan, el séptimo, aprobado a finales de 2023.
Este nuevo plan estima los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones de euros, que deben ser asumidos por las empresas titulares de las centrales, en conformidad con el principio de “quien contamina, paga”. Aagesen cuestionó a aquellos que demandan una reducción en la fiscalidad nuclear, preguntando si prefieren que estos 20.000 millones sean costeados por los ciudadanos en lugar de las empresas.
