Dos años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual en septiembre de 2022, Amnistía Internacional alerta sobre la desprotección que siguen enfrentando las víctimas de violencia sexual en España. Este retraso se debe, por un lado, a la lentitud del Gobierno central en implementar las medidas previstas por la ley y, por otro, a la falta de compromiso de algunas comunidades autónomas para garantizar recursos de atención especializados.
Reformas legislativas pendientes
Amnistía Internacional señala que el Gobierno central no ha cumplido con plazos esenciales para la aplicación de la ley. Entre las medidas pendientes está la inclusión de las víctimas de violencia sexual como beneficiarias en la Ley 1/96 de Justicia Gratuita, que debía haberse reformado en un año. Sin embargo, en la última actualización de esta norma, publicada en el BOE el 14 de noviembre, estas víctimas han sido nuevamente ignoradas.
Además, la ausencia de un consenso claro entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos ha generado desigualdades en la atención que reciben las víctimas en diferentes regiones. La falta de uniformidad en el acceso a recursos, información y ayudas perpetúa una brecha territorial en la protección de derechos.
Otra de las principales críticas de Amnistía Internacional es la falta de avances en la creación de centros de atención continua y especializada para mujeres que han sufrido violencia sexual. Estas instalaciones, previstas en la ley, son esenciales para proporcionar un espacio seguro y accesible para las víctimas, pero su implementación ha sido desigual o inexistente en varias comunidades autónomas.
La Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales, prevista como un órgano colegiado para el desarrollo de políticas y medidas adecuadas, tampoco se ha puesto en marcha. Este órgano debía reunir a administraciones públicas, organizaciones de mujeres, asociaciones de víctimas y expertos, en colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, para asesorar y coordinar esfuerzos en la identificación y abordaje de la violencia sexual.
Amnistía Internacional también subraya la importancia de consolidar la formación inicial y continua de los operadores de justicia, con el objetivo de mejorar la atención y el trato a las víctimas de violencia sexual.
Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España, manifestó su preocupación: «Lamentamos la lentitud del Gobierno a la hora de impulsar medidas clave para identificar y abordar la violencia sexual, así como para acompañar y proteger a las mujeres que han sido víctimas. Más de 2,8 millones de mujeres llevan más de dos años esperando que las medidas recogidas en esta ley se pongan en marcha y se les garanticen los mismos derechos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan».
La organización insta al Gobierno a acelerar la implementación de la ley y a garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario de manera equitativa en todo el territorio nacional. Asimismo, recuerda que es imprescindible priorizar los derechos de las víctimas y garantizar una protección integral que no dependa de la región donde se encuentren.
Falta de voluntad política de algunas comunidades autónomas
Entre otros aspectos, la Ley de Libertad Sexual establece que las administraciones deben dar una respuesta integral, especializada y accesible para las víctimas con el establecimiento de los centros de crisis abiertos las 24 horas del día durante los 365 días del año, siguiendo los estándares del Consejo de Europa. Unos espacios seguros para que las mujeres que se sientan agredidas, si así lo desean, puedan ser asesoradas y acompañadas, sin ser cuestionadas, con independencia de que pongan o no una denuncia.
En la anterior legislatura, el Gobierno se comprometió a la apertura de 52 centros, uno por cada provincia, además de uno en cada ciudad autónoma de Ceuta y Melilla para finales de 2023. Para ello, la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas. Tras conseguir una prórroga de un año para la puesta en marcha de este tipo de centros, los objetivos están muy lejos de cumplirse.
A 22 de noviembre de 2024, se han abierto once centros de los 52 previstos, financiados por los fondos europeos: Santander (Cantabria), Bilbao, San Sebastián y Vitoria (País Vasco), Murcia, Pamplona (Navarra), Albacete y Guadalajara (Castilla La Mancha), Melilla, y dos en la Comunidad de Madrid. A estos centros hay que sumar dos abiertos con anterioridad a la Ley de Libertad Sexual, uno en la ciudad de Madrid y otro en Oviedo.
Aunque comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluídas víctimas de violencia sexual, esta atención no cumple con los estándares recogidos en la ley o bien porque no abren 24 horas, o porque sólo atienden telefónicamente, o porque carecen de recursos o profesionales especializados.
«Para Amnistía Internacional, que algunas comunidades autónomas no hayan cumplido con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual de una manera integral y especializada, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un problema de voluntad política. Y esto repercute directamente en las mujeres, que vuelven a encontrarse con que serán atendidas de forma diferente dependiendo del lugar donde vivan o donde se produzca la agresión sexual», declaró Virginia Álvarez.
Violencia sexual más visible
La lentitud o la falta de compromiso de las administraciones para impulsar medidas que protejan a las víctimas de violencia sexual, choca con el hecho de que cada vez más mujeres deciden contar públicamente las violencias sexuales que han sufrido. Coincide también con que se está produciendo un incremento del número de mujeres que deciden denunciar.
Según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge datos desde enero a junio de 2024, el número de delitos contra la libertad sexual que se han denunciado, un total de 10.010, aumentó casi un 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. De ellos 2.465 son denuncias por violación que se incrementaron en casi un 7 por ciento. Eso significa que en España cada dos horas se denuncia una violación. No obstante, el número de denuncias seguiría reflejando sólo una pequeña parte de la violencia sexual en nuestro país. Según datos de la última Macroencuesta de la Violencia contra la Mujer de 2019, sólo el 8 por ciento de las mujeres que asegura haber sufrido algún tipo de violencia física y sexual a lo largo de su vida, termina denunciando.
«Es necesario, que las administraciones den un respuesta urgente y adecuada a todas estas mujeres que esperan ser escuchadas, atendidas y protegidas. La Ley de Libertad Sexual recoge una amplia variedad de medidas para luchar contra la violencia sexual en nuestro país. Lo que se necesita es un compromiso político de todas las administraciones para que hacer frente a la violencia sexual sea una realidad», señaló Virginia Álvarez.
Peticiones de Amnistía Internacional
Al Gobierno central que:
- Asegure una correcta implementación de la Ley de Libertad Sexual tanto a nivel estatal como autonómico, así como el establecimiento de los centros de crisis 24 horas como recursos especializados a los que puedan acudir las víctimas de violencia sexual.
- Lleve a cabo las reformas legislativas necesaria para garantizar la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual, así como la especialización de los juzgados y de la fiscalía.
- Ponga en marcha inmediatamente la Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales.
- Realice una evaluación de la estrategia para combatir las violencias machistas y publique sus resultados.
- Refuerce y continue promoviendo la formación inicial y continua especializada entre los diferentes operadores del poder judicial.
A las comunidades autónomas que:
- Pongan en marcha recursos como los centros de crisis 24 horas para atender de manera permanente e integral a las víctimas de violencia sexual.
