Castilla-La Mancha realizó en 2020 actuaciones de seguimiento y control de la eficacia de las medidas implantadas para prevenir la transmisión del coronavirus, mediante visitas ‘in situ’ del área de prevención técnica del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a 260 centros de trabajo de la Junta, lo que afectó a un total de 8.455 empleadas y empleados públicos de Administración General, una vez producida su reincorporación presencial tras el confinamiento.
Son algunos de los datos que se recogen en el informe sobre actuaciones desarrolladas por el área de prevención técnica del citado Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Función Pública, en relación con la situación epidémica generada por el virus SARS-CoV-2.
Según este informe, relativo a la prevención de la COVID-19, el año 2020 se ha caracterizado en el ámbito de la Administración General de la Junta por el desarrollo de actuaciones que se dividen en cuatro apartados diferenciados: elaboración de documentos preventivos, resolución de consultas y formación en prevención frente a la exposición al virus, además del desarrollo de las mencionadas actuaciones de control y seguimiento de las medidas implantadas.
En este sentido, se han elaborado un total de 40 documentos para las distintas consejerías, con instrucciones para la prevención a la exposición laboral al coronavirus, información relativa al uso de productos biocidas en procesos de desinfección, evaluación del riesgo a la exposición al virus en centros de trabajo o recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación.
Respecto a la resolución de consultas, especialmente significativas por su volumen han sido las relativas a la selección y adquisición de equipos de protección individual y las actuaciones de asesoramiento que se han desarrollado han afectado a 140 centros de trabajo y a 4.142 personas.
Además, el área de prevención técnica ha formado a un total de 1.219 trabajadores adscritos a centros sociosanitarios, gracias a 132 ediciones formativas.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tiene el objetivo de hacer plenamente efectivo el derecho de los empleados públicos a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y el crecimiento constante de su actividad desde la anterior legislatura y ha sido posible gracias a que el Ejecutivo de Emiliano García-Page recuperó las plazas de prevención de riesgos laborales en la Administración regional que habían sido suprimidas desde 2012.
Refuerzo del servicio
El pasado mes de febrero, el Consejo de Gobierno autorizó el programa temporal de empleo para incorporar personal funcionario interino a este servicio, con un año de duración, prorrogable si es necesario.
Con esta decisión, se refuerza un servicio que, entre otros asuntos, se encarga del diseño, implantación y aplicación de planes de prevención de riesgos laborales, de la identificación y evaluación de factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud del personal empleado público y de priorizar la adopción de medidas preventivas y vigilar su eficacia.
En concreto, gracias a este programa se incorporarán nueve profesionales, cuatro con titulación superior y cinco con intermedia en Prevención, cuya misión será continuar potenciando la protección de los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Comunidades frente a la COVID-19 con el desarrollo de medidas preventivas por las especiales exigencias de seguridad establecidas para evitar nuevos contagios.
