Castilla-La Mancha destina 1,34 millones de euros a la convocatoria de ayudas a las empresas de inserción, destinadas a favorecer la empleabilidad y la inserción en el mercado laboral de las personas en situación de exclusión social, así como a garantizar la viabilidad de las empresas de inserción que procuran estos itinerarios en el mercado de trabajo.
Así lo ha destacado la viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, Nuria Chust, durante su visita a la tienda de Cáritas en Toledo, donde ha anunciado la publicación de dicha convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), abriéndose el plazo de solicitud de estas ayudas desde mañana y hasta el próximo 15 de diciembre.
La convocatoria que se publica hoy en el DOCM mantiene las novedades de la publicada el pasado año, y está destinada a impulsar la contratación de personas en riesgo de exclusión social a través de las empresas de inserción.
Tres líneas de ayudas
En el Decreto que regula estas ayudas se recogen tres líneas. Una de ellas está destinada a la contratación de personas en situación de exclusión social, procedentes de centros de menores, con problemas de drogodependencia y otros trastornos en procesos de reinserción, internos de centros penitenciarios y personas derivadas de los servicios de prevención de la exclusión social, entre otros.
En concreto, esta primera línea comprende un apoyo económico a las contrataciones, por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 36, con la cobertura del 100 por cien del salario mínimo el primer año; un 75 por ciento el segundo año y una cobertura del 40 por ciento en el tercer año, manteniendo el incremento en el esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno regional implementado el pasado año.
La segunda de las líneas va dirigida a apoyar el coste laboral de las personas contratadas en empresas de inserción, tituladas como técnicos superiores en Integración Social o equivalentes, que desempeñan su labor como técnicos de mantenimiento o producción, para la orientación laboral y elaboración de planes personales de inserción, prospección de empresas, colaboración en procesos de selección, participación en la selección y supervisión de las tareas de la actividad productiva, entre otros.
En este caso, la ayuda es del 85 por ciento del salario mínimo interprofesional, modulándose si la jornada es parcial, y se han establecido módulos en función de las contrataciones que se lleven a cabo por parte de empresas de inserción: con hasta diez contratos de inserción, un técnico; con entre 11 y 20, dos técnicos; de 21 a 30, tres técnicos; y más de 30 inserciones llevadas a cabo, cuatro técnicos.
La tercera de las líneas apoya la contratación de asistencia técnica para la viabilidad de las empresas de inserción, para tareas como estudios de mercado, auditorías contables y sociales y costes derivados de la obtención de certificaciones de calidad, cubriendo hasta el 80 por ciento de los gastos con cuantías máximas que oscilan entre los 1.000 y los 6.000 euros, en función del trámite subvencionado.
La viceconsejera de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral ha remarcado el “papel fundamental” que realizan las empresas de inserción “como un instrumento indispensable para luchar contra la pobreza y la exclusión social”, facilitando “el acceso al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad y que cuentan con mayores dificultades en la búsqueda de un empleo”. Nuria Chust ha destacado que ésta es la cuarta convocatoria de estas ayudas, que en sus tres ediciones anteriores han apoyado la contratación de cerca de un centenar de personas.
En este sentido, la viceconsejera ha agradecido la labor de Cáritas en apoyo de las personas más vulnerables, y ha valorado la apertura de una tienda de ropa de segunda mano y nueva en Toledo, “un establecimiento que no sólo es ejemplo de la combinación de la lógica empresarial con metodologías de inserción laboral, sino que también supone la implicación activa de estas empresas en proyectos de economía circular”.
Nuria Chust ha trasladado a los responsables de la tienda “el apoyo decidido del Gobierno regional”, señalando “su rentabilidad en el aspecto social, porque permite a las personas acceder a un puesto de trabajo como una herramienta para luchar contra la exclusión”.
