Ante una inminente reunión de la Comisión de Explotación del trasvase, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha reafirmado la determinación del Gobierno regional de modificar las reglas de explotación del trasvase y asegurar la implementación de los caudales ecológicos del río Tajo.
Mercedes Gómez ha subrayado la necesidad de un cambio debido a la existencia de cinco sentencias judiciales que respaldan la demanda de unos caudales ecológicos para el Tajo. Recalcó la incongruencia de que prácticamente todos los ríos españoles, excepto el Tajo y el Ebro, tienen definidos sus caudales ecológicos, y son reconocidos así en la planificación hidrológica para 2023. La consejera lamentó que otras regiones no disputen los caudales ecológicos en sus propias cuencas, pero sí cuestionen los del Tajo.
La representante del Gobierno castellano-manchego defendió la relevancia de los caudales ecológicos, indicando que son imprescindibles para la supervivencia de los ríos y aseguró que no se desistirá en el esfuerzo por alterar las normas de explotación actuales. Adicionalmente, recalcó que las reglas deben establecerse no solo en función de las condiciones naturales del río sino en base a una gestión técnica de los embalses de cabecera, los cuales, según ella, son los únicos en España que no cuentan con un caudal asignado, lo que dejaría margen para abusos en su uso.
Gómez señaló que los embalses deben satisfacer las necesidades de sus cuencas de cabecera y planteó qué sucedería si se modificasen las actuales normas para cumplir con los caudales ecológicos. Anticipó que, de cambiar las reglas, el trasvase Tajo-Segura podría reducir su envío promedio de agua de 360 hectómetros cúbicos anuales a tan solo 80 o 100. Esto no significaría el fin del trasvase, ya que el Levante dispone de recursos de agua desalinizada, que, según la consejera, no se utilizan por la conveniencia del agua proveniente del trasvase.
Concluyó con una postura firme en contra de las actuales “reglas del juego”, advirtiendo que el Gobierno de Castilla-La Mancha actuará con todas sus capacidades si persiste la amenaza de vulnerar los caudales ecológicos establecidos.
