En un giro reciente que sacude los cimientos de la política española, el partido Vox ha interpuesto una querella contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa. La acción legal, que se extiende también al superior jerárquico de Álvarez, Francisco Martín, secretario general de la Presidencia del Gobierno, surge por supuestas irregularidades que perfilan delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación.
El centro de la controversia radica en la aparente utilización «abusiva, espuria y arbitraria» de los recursos de la Secretaría General de Presidencia y del Gabinete de Presidencia para fines privados. La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, apunta a unos correos electrónicos que evidenciarían un manejo indebido relacionado con actividades personales de Gómez. Este argumento se ve reforzado tras la declaración de la asesora de Moncloa ante el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga el caso, confirmando que fue nombrada para asistir a Gómez en asuntos tanto privados como oficiales.
Álvarez, al desempeñar su rol sin remuneración específica para estas tareas, y siendo su salario parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, habría incurrido en una notable inobservancia de sus deberes como funcionario público, según alega Vox en su querella. Este punto ha suscitado un debate sobre el alcance y los límites de las funciones asignadas a asistentes personales de figuras relacionadas con la presidencia del Gobierno, comparando el presente caso con situaciones análogas de cónyuges de anteriores presidentes.
Además, la querella busca ampliar el escrutinio al pedir la declaración, en calidad de investigados, de los tres mencionados, y solicita testimonios adicionales de diversas figuras y entidades privadas y públicas que podrían arrojar luz sobre la magnitud y naturaleza de las actividades cuestionadas.
El caso toma una dimensión mayor al implicar a diversos sectores, desde la seguridad social hasta el ámbito académico, en su intento por clarificar los cargos y responsabilidades de Álvarez, y por extensión, determinar la implicación de Gómez y Martín en estas acusaciones. Vox, al ejercer como acusación popular, subraya su intención de perseguir lo que considera una vulneración profunda de la ética y la legalidad en el manejo de recursos y cargos públicos, marcando este episodio como uno de notable relevancia en el contexto político español actual.
