Con la llegada del mes de julio, Madrid intensifica su compromiso con el medio ambiente y la salud de sus habitantes, aplicando nuevas medidas de sanción dentro de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Este cambio marca un paso decisivo en el esfuerzo por reducir la contaminación en la capital española, con la activación de multas para aquellos vehículos que no cumplan con los requisitos ambientales establecidos.
Desde este lunes, las cámaras distribuidas por el municipio madrileño, ya no se limitarán a enviar avisos, sino que procederán a multar directamente a los vehículos que no se adhieran a la normativa vigente. Esta medida supone una extensión de las restricciones que ya aplicaban dentro de la M-30, el primer anillo de circulación de la ciudad, pero que ahora se amplían a la totalidad del territorio municipal.
La iniciativa se ha implementado de manera gradual desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año. Los conductores de vehículos que se encontraban fuera de los estándares ambientales recibieron durante un período de seis meses, hasta el 30 de junio, notificaciones en lugar de sanciones. Esta fase de advertencia tenía como fin principal alertar y concienciar a los propietarios sobre la necesidad de adecuar o limitar el uso de sus vehículos para evitar infringir la nueva reglamentación.
Madrid ha dispuesto un total de 464 cámaras encargadas de llevar a cabo este control, con 257 de ellas situadas en el perímetro interior de la M-30 y otras 207 en zonas externas. La financiación para la adquisición e instalación de este sistema proviene de los fondos Next Generation de la Unión Europea, lo que muestra el respaldo y la importancia que tiene esta medida a nivel comunitario.
Las sanciones se dirigirán en particular a los turismos más contaminantes, aquellos no empadronados en Madrid antes del 1 de enero de 2022 y aquellos que, estando empadronados, no estén al corriente del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Además, los turismos sin etiqueta ambiental A según la clasificación de la DGT, principalmente diésel matriculados antes de 2006 y gasolina matriculados antes del año 2000, estarán entre los principales objetivos de estas multas, que ascienden a 200 euros, pero se reducen a la mitad si se realiza el pago dentro de los primeros 20 días tras la notificación.
La recepción de más de 350.000 cartas informativas desde enero muestra la magnitud de la campaña de avisos y la seriedad con la que el Ayuntamiento de Madrid está abordando esta iniciativa. El objetivo no es otro que fomentar una movilidad más sostenible y saludable, beneficiosa tanto para el medio ambiente como para la calidad de vida de los ciudadanos. Este paso en Madrid puede marcar un precedente importante en la lucha contra la contaminación vehicular, al hacer cumplir normativas ambientales más estrictas con el bienestar común como principal prioridad.
