El Tribunal Constitucional se encuentra deliberando dos sentencias que son clave para evaluar la actividad legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Ambas sentencias se refieren a recursos presentados por el Partido Popular contra leyes aprobadas por el Ejecutivo socialista.
La primera de ellas hace referencia a la Ley de Eutanasia, aprobada en marzo de 2021. El PP presentó un recurso de inconstitucionalidad argumentando que la ley vulnera el derecho a la vida y el derecho a la protección de la salud. Para el partido conservador, la eutanasia no puede ser una opción en un Estado que se rige por el principio de protección de la vida. Por su parte, el Gobierno defiende que la ley respeta la Constitución y que es una decisión personal y libre de cada paciente.
La segunda sentencia a deliberar es la referida a la Ley de Memoria Democrática, aprobada en septiembre de 2020. El PP argumenta que la ley vulnera el derecho a la libertad ideológica y la libertad de expresión. Según el partido conservador, la ley se utiliza para imponer una determinada interpretación acerca del periodo histórico de la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que atenta contra el derecho a la libre opinión y a la pluralidad ideológica. Por su parte, el Gobierno sostiene que la ley es necesaria para reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, y para promover la reconciliación y la convivencia en democracia.
Estas dos sentencias son clave porque ponen en tela de juicio la actividad legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Por un lado, la Ley de Eutanasia ha sido uno de los proyectos estrella del Ejecutivo socialista, que ha defendido con firmeza la necesidad de regular la muerte digna y el derecho a una muerte sin sufrimiento. Una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional podría suponer un duro revés para el Gobierno y para los colectivos que han luchado por la aprobación de esta ley.
Por otro lado, la Ley de Memoria Democrática es otra de las leyes emblemáticas del Gobierno de Sánchez. La recuperación de la memoria histórica y la reparación a las víctimas del franquismo han sido una de las principales promesas del Ejecutivo socialista, que ha impulsado esta ley como un compromiso con la justicia y la reconciliación. De ahí que una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional podría ser interpretada como una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.
En cualquier caso, la decisión final del Tribunal Constitucional será determinante para la valoración de la actividad legislativa del Gobierno de Sánchez. La aprobación de estas dos leyes ha sido criticada por parte de la oposición, que ha cuestionado su legalidad y su oportunidad política. Por eso, una sentencia favorable del Tribunal Constitucional sería interpretada como un respaldo al Gobierno y a su política legislativa. Por el contrario, una sentencia desfavorable supondría un varapalo para el Ejecutivo y una victoria del PP y de los grupos que han presentado los recursos.
En definitiva, la deliberación de estas dos sentencias es un acontecimiento de especial trascendencia política y social. Su resultado no solo determinará la legalidad de dos leyes clave para el Gobierno de Sánchez, sino que también tendrá consecuencias políticas y simbólicas que marcarán el futuro del país en materia de derechos humanos, memoria histórica y libertades públicas.
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