El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tumbado la negativa de Renfe a entregar a un ciudadano las cifras de incidencias del servicio de Cercanías de Madrid en los últimos tres años. La operadora pública, dependiente del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, alegó que reunir esos datos suponía elaborar un informe a medida y llegó a cuestionar las intenciones del solicitante. El órgano garante no compra el argumento y le ordena facilitar la información.
La resolución, conocida esta semana, llega después de un cruce de escritos entre la compañía y el peticionario. La empresa pública sostuvo que detallar todas las circulaciones programadas que no llegaron a realizarse en la red madrileña, durante un periodo de tres años, era inviable por el volumen de datos y porque, a su juicio, esa información podía utilizarse con fines «espurios».
Lo que Renfe se negó a entregar
El ciudadano pidió, con amparo en la Ley de Transparencia, «el detalle de todas las circulaciones programadas que no han circulado, para todas las líneas de Cercanías Madrid, en los últimos 3 años, o el máximo tiempo que sea técnicamente posible». Es decir, trenes anunciados que nunca salieron de la estación.
Renfe replicó que el cálculo era inasumible. En el escrito que dirigió al Consejo, la operadora cifró en 1.286 circulaciones diarias el servicio del área metropolitana madrileña en jornadas laborables de 2022, y en 970 los sábados y festivos. Solo en ese ejercicio, Cercanías Madrid trasladó a 160 millones de viajeros, una cifra que los años posteriores habría aumentado. «Teniendo en cuenta que el periodo mínimo de la solicitud abarcaría al menos tres años, se superaría fácilmente el millón de circulaciones a analizar», argumentó.
Más allá del trabajo administrativo, la compañía deslizó otro motivo: el daño reputacional. Sostuvo que dar esas cifras fuera de contexto «colaboraría a un efecto de injustificado descrédito» hacia la empresa y, de paso, al ferrocarril como modo de transporte. También apuntó a que sus competidores —el autobús, el coche privado— no están obligados a publicar este tipo de datos, lo que generaría una «asimetría» comercial. Por si fuera poco, sugirió que parte de la información podía considerarse «secreto empresarial».
El Consejo de Transparencia desmonta los argumentos
El CTBG, presidido por Álvaro Fernández Heredia, ha dado la razón al solicitante. En su resolución señala que Renfe no ha aportado una explicación «clara, plausible y convincente» sobre la supuesta complejidad técnica de la petición ni sobre por qué exige un cruce masivo de bases de datos. Es decir, la operadora afirma que es muy difícil, pero no detalla qué obstáculos concretos tiene para extraer la información de sus propios sistemas de gestión.
Sobre el supuesto perjuicio económico y comercial, el Consejo es igual de tajante: «No resulta suficiente argumentar sobre la posibilidad incierta de que se pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comerciales». Para que esa excepción funcione, recuerda, el daño tiene que ser «definido, indubitado y concreto», y estar relacionado de forma directa con la divulgación de los datos. La hipótesis de que los usuarios pierdan la confianza si conocen los fallos del servicio no encaja en ese estándar.
Como guinda, Renfe había sugerido al usuario que consultara la cuenta de X de @InfoRenfe, donde se publican incidencias en tiempo real. El Consejo entiende que ese canal sirve para avisos puntuales, no para componer una serie estadística trianual.
No es la primera vez que Transportes esquiva una petición
El caso no es aislado. El departamento que dirige Óscar Puente ya rechazó en otra ocasión informar sobre los viajes oficiales de Ricardo Mar, exjefe de gabinete de José Luis Ábalos, y sobre los pagos que Paradores hizo al ministerio en Sigüenza entre abril y junio de 2021. La fórmula fue parecida: alegar carga de trabajo excesiva.
El servicio de Cercanías de Madrid arrastra desde hace años quejas por retrasos, supresiones y averías que afectan a miles de viajeros que se desplazan a diario por motivos laborales. Las incidencias en la red de Cercanías de Madrid retrasan la hora punta en las líneas C-2, C-5, C-7 y C-8 son una constante reciente. La presión institucional también ha llegado desde Castilla-La Mancha: PP y Vox presentaron una moción municipal conjunta para exigir inversiones en infraestructuras ferroviarias en Guadalajara, en una linea similar de reclamación al Gobierno central.
En paralelo, el ministro Óscar Puente supervisa la recta final para la puesta en servicio de los primeros trenes de gran capacidad en Cercanías, una de las medidas que el Ejecutivo presenta como respuesta al deterioro percibido del servicio. La pregunta es si esos refuerzos materiales irán acompañados de más transparencia sobre lo que está fallando ahora.
Qué consecuencias tiene la resolución
La resolución del CTBG es vinculante: Renfe debe entregar la información solicitada en un plazo determinado. Si no lo hace, el ciudadano puede acudir a los tribunales contencioso-administrativos. La decisión también sienta un precedente: argumentar carga excesiva o riesgo reputacional difuso no basta para esquivar la Ley de Transparencia cuando hablamos de un servicio público pagado en buena parte con fondos del contribuyente.
La pelota queda ahora en el tejado de la operadora pública, que deberá decidir si entrega el desglose pedido o agota la vía judicial.
Preguntas frecuentes
¿Qué información concreta pidió el ciudadano a Renfe?
Solicitó el detalle de todas las circulaciones programadas que no llegaron a realizarse en cualquier línea de Cercanías Madrid durante los últimos tres años, o el máximo tiempo del que la operadora tuviera registros.
¿Por qué se negó Renfe a facilitar los datos?
Adujo dos motivos. El primero, una supuesta carga de trabajo desproporcionada, ya que en tres años habría que analizar más de un millón de circulaciones. El segundo, el riesgo de «descrédito» para la empresa y para el ferrocarril si los datos se utilizaban fuera de contexto.
¿Qué ha decidido el Consejo de Transparencia?
Ha dado la razón al solicitante. Considera que Renfe no ha justificado la complejidad técnica que alega ni el perjuicio económico concreto que se derivaría de publicar la información. La operadora está obligada a entregar los datos.
¿Qué pasa si Renfe sigue sin facilitar la información?
El ciudadano puede recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa para forzar el cumplimiento de la resolución. La decisión del CTBG es de obligado cumplimiento para los organismos públicos.
