Podemos e IU piden dar la voz a la ciudadanía para adaptar el Estatuto de Autonomía al siglo XXI

Los coordinadores de Podemos e Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón y Juan Ramón Crespo, han realizado esta mañana unas declaraciones ante los medios frente a las Cortes autonómicas con motivo de los actos celebrados en conmemoración de los 40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, para el que han pedido “abrir un proceso amplio de escucha y de construcción con la ciudadanía castellanomanchega” para su renovación.

García Gascón ha explicado que mientras el resto de las comunidades autónomas ya tienen estatutos de tercera generación, Castilla-La Mancha “sigue anclada en el pasado y a la cola en derechos sociales y políticos”, lo que ha calificado como “incomprensible y representativo del inmovilismo político que vivimos actualmente”. Por ello, ha apuntado a la necesidad de desarrollar una reforma “encabezada por propia sociedad castellanomanchega y que sirva para proteger y blindar la sanidad y la educación públicas, los derechos laborales, la juventud, la vivienda, la igualdad, la representatividad y el mundo rural”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo las más de 300 aportaciones recibidas de colectivos y personas de toda la comunidad durante el proceso de consulta realizado en 2017 para la reforma del Estatuto que finalmente no vio la luz. “Existe una mayoría amplia para dar la voz a la ciudadanía y dar respuesta a la necesidad de políticas de renovación y futuro en Castilla-La Mancha”, ha defendido. “No hay excusas”.

Por su parte, Juan Ramón Crespo ha aprovechado para denunciar que el presidente regional “no puede ampararse en la negativa del PP a la modificación porque fue este partido el que en 2008 reformó el Estatuto sin contar con nadie, a su conveniencia, para garantizarse su permanencia en el poder”.

En este sentido, recuerda el coordinador regional de Izquierda Unida que la formación ya presentó, en mayo de 2017, una iniciativa para modificar el Estatuto que pivotaba en torno a cuatro grandes bloques. Más autogobierno y competencias para garantizar un desarrollo armónico y evitar agresiones como “la ocurrida con el trasvase Tajo Segura y con la instalación de macro-plantas solares”; la “garantía del disfrute de los derechos sociales”; la gestación de una democracia “más participativa que recoja asuntos como la limitación de mandatos o la posibilidad de defender iniciativas legislativas populares”; y, por último, la creación de una “hacienda y una banca pública dirigida al empleo, a la protección de los servicios sociales y a combatir la despoblación”, lo que pasa, asegura el coordinador regional de Izquierda Unida, por “garantizar los derechos laborales, el empleo para todos y los servicios públicos”. Esa es, afirma Juan Ramón Crespo, la “mejor medicina contra la despoblación, no ir a Molina de Aragón con dos ministras y hacer una proclama al mismo tiempo elimina la línea ferroviaria Madrid-Cuenca-Valencia. Eso es una incoherencia”.

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