El reciente acuerdo alcanzado en Bruselas entre el PSOE y el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha provocado una clara división entre los partidos a la izquierda del espectro político español. Este pacto, firmado por Félix Bolaños del PSOE y Esteban González-Pons del PP, ha sido motivo de celebración para Sumar, pese a que el partido no participó directamente en las negociaciones. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por Podemos, donde figuras como Ione Belarra e Irene Montero se han mostrado altamente críticas, apuntando a una reinscripción del bipartidismo y una elección errada del PSOE por considerar al PP como su «principal socio de gobierno».
La declaración de Ione Belarra, visiblemente decepcionada tras el anuncio de este pacto, sugiere una «restauración del bipartidismo» y marca lo que ella considera el inicio de una nueva legislatura dominada por una «gran coalición» entre el PSOE y el PP, rechazando la estrategia política adoptada por el partido socialista. A pesar de estas críticas, hasta el momento, no se ha previsto ninguna alteración en el apoyo sistemático al gobierno de Pedro Sánchez.
Yolanda Díaz, de Sumar, ha expresado conocimiento y seguimiento del proceso, asegurando estar en continuo contacto mediante Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de Sumar, quien ha informado de su involucración indirecta a través de las consultas con el PSOE respetando la proporcionalidad de la representación en el Congreso. La vicepresidenta segunda ha destacado la contribución de criterios por parte de su coalición en la propuesta de vocales para el CGPJ, en un claro contraste con la posición de Podemos.
Las repercusiones de este acuerdo también se han sentido entre otros aliados de la coalición de gobierno, con críticas adicionales procedentes de ERC y EH Bildu, quienes han lamentado la falta de pluralidad y comunicación en las negociaciones. Del lado nacionalista, tanto Gabriel Rufián de ERC como Aitor Esteban del PNV, han expresado su descontento, indicando falta de inclusión y posible perpetuación de la politización de la Justicia, respectivamente.
Este acuerdo, lejos de simplificar el panorama político español, parece haber profundizado las fisuras entre los partidos de izquierdas, dejando entrever posibles tensiones futuras dentro de la coalición de gobierno. La renovación del CGPJ, necesaria para evitar un mayor bloqueo judicial, arroja luz sobre los desafíos internos y externos que enfrenta el gobierno de Sánchez en su intento por navigar las complejidades del espectro político español. En este contexto, el papel del PP se realza no solo como oposición, sino como protagonista de futuras dinámicas políticas, marcando un episodio más en el constante reajuste de alianzas y poderes dentro del país.
