El Govern de Cataluña se plantea la abolición de la prostuición en un nuevo plan de igualdad
El Gobierno de Salvador Illa ha incluido la abolición de la prostitución como uno de los ejes centrales de su próximo Plan Estratégico de Políticas de Igualdad de Género (PEPIG), que se encuentra en fase de desarrollo. El documento, previsto para 2026, busca incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas catalanas, aunque el camino hacia la erradicación de la prostitución presenta múltiples obstáculos.
La realidad es compleja: Cataluña concentra un tercio de las mujeres en riesgo de explotación sexual en España, según datos del Ministerio de Igualdad de 2024. Expertos advierten que un modelo abolicionista exige medidas claras y recursos específicos para garantizar su efectividad, algo que aún no se ha detallado.
El plan también aborda la prohibición de los vientres de alquiler, un tema que genera división política. Mientras el PSC apuesta por la abolición, ERC y los Comunes defienden la regulación de la prostitución, lo que complica el consenso. Además, las competencias en esta materia son limitadas para la Generalitat, lo que reduce su margen de acción.
"La dirección es positiva, pero debe materializarse"
Núria González, abogada especializada en derechos humanos y miembro de la Plataforma Feminista Catalana Abolicionista (CATAB), señala que el éxito del plan dependerá de acciones concretas:
- Persecución de la demanda: Penalizar a quienes explotan o se benefician de la prostitución.
- Combate al proxenetismo: Eliminar todas las formas de intermediación.
- Plan de acompañamiento: Ofrecer salidas reales a las mujeres en situación de prostitución.
"El Estado ha permitido esta situación y debe asumir su responsabilidad", afirma González, subrayando la necesidad de recursos para la reinserción.
¿Regulación o abolición?
El debate sobre si la prostitución puede regularse para proteger a las trabajadoras o si la única solución es su prohibición total sigue abierto. González rechaza la idea de una "prostitución voluntaria":
"Es una forma de violencia sistémica. La narrativa de la ‘puta voluntaria’ invisibiliza que el 40% de los hombres admite haber pagado por sexo. ¿Cómo puede normalizarse una práctica basada en la explotación?".
Falta de recursos y doble discurso
A pesar del discurso abolicionista, las políticas concretas brillan por su ausencia. González critica que los burdeles operan con impunidad y que no hay mecanismos efectivos para proteger a las mujeres.
"El Estado debe destinar recursos específicos. Hasta ahora, solo hay palabras, no acciones", denuncia.
El modelo sueco como referencia
Suecia, pionera en la abolición hace 25 años, demuestra que un cambio social es posible. Allí, la prostitución no solo está prohibida, sino que ha perdido aceptación social.
"En Barcelona, sin embargo, operan al menos ocho redes de explotación sexual, y la demanda supera la oferta en eventos masivos", explica González.
Un desafío estructural
La abolición no solo enfrenta intereses económicos, sino también estructuras de desigualdad arraigadas. Para González, prohibir la prostitución es "un acto de reparación hacia las mujeres".
El plan del Govern catalán marca un rumbo ambicioso, pero su éxito dependerá de la voluntad política para transformar las palabras en hechos.
