En un contexto de creciente tensión social, la Generalitat ha tomado una firme posición frente a la iniciativa propuesta por los comunes de llevar a cabo una huelga de alquileres, desautorizando completamente esta acción. Paralelamente, se presagian cambios significativos en el esquema de precios para el transporte público para el año 2025, dando fin a una era de descuentos universalmente accesibles, lo que genera preocupación entre los usuarios habituales sobre los futuros costos de movilización.
Simultáneamente, el sector del transporte en España se prepara para enfrentar una de sus convocatorias más desafiantes en años recientes, con una huelga programada para los días 28 y 29 de noviembre. Esta huelga, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y con el respaldo de CCOO, tiene como objetivo principal la mejora de las condiciones laborales de los conductores profesionales y manifestarse en contra de las políticas del Gobierno actual en materia de jubilación anticipada.
A pesar de que UGT inicialmente se sumó a esta convocatoria, decidió retirar su apoyo tras llegarse a ciertos acuerdos con patronales como Confebus y ATUC, lo que según las agencias, marca un precedente en la búsqueda de soluciones concertadas para el sector.
En medio de este panorama, Europa Press adelanta que los esfuerzos van encaminados a asegurar la viabilidad económica del transporte de viajeros por carretera, mediante la implementación de un nuevo reglamento que contempla la aplicación de coeficientes reductores para el cálculo de la jubilación anticipada, programado para entrar en vigor en 2025.
Aunque algunos avances parecen vislumbrarse, el resto de los sindicatos persisten en su decisión de llevar a cabo la huelga de transportes, exigiendo condiciones más justas para los trabajadores del sector, como una jubilación anticipada sin reducción económica y un control más efectivo de las condiciones laborales por parte de la Inspección de Trabajo.
La huelga se prevé para ser de 24 horas y podría extenderse hasta Navidad si no se alcanzan acuerdos satisfactorios. Dicha movilización no solo afectará a servicios esenciales como el transporte urbano e interurbano, sino que también podría poner en jaque la logística durante una de las épocas más críticas del año, complicando aún más el panorama para una sociedad que parece caminar sobre un delgado hilo de paciencia y conformidad social.
