En una nueva vuelta de tuerca en la saga de investigaciones que azotan al entorno del presidente del Gobierno, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado, por tercera ocasión, un meticuloso registro en las oficinas de la Diputación de Badajoz. Este operativo forma parte de la investigación que tiene en el centro de su mira a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, junto a diversos altos cargos de la institución. Fuentes cercanas al caso han revelado que el propósito de este último registro fue realizar un exhaustivo volcado de los servidores de la institución para secuestrar nuevas cuentas de correo electrónico.
Este suceso marca el tercer acto de una serie de intervenciones que comenzaron el pasado 10 de julio, fecha en la que la Guardia Civil ejecutó el primer registro para confiscar la correspondencia electrónica de David Sánchez y varios altos funcionarios. Un segundo registro tuvo lugar el 18 de julio, motivado por «errores informáticos» que hicieron imposible recoger todos los datos pertinentes en la primera intervención, según explicó la autoridad judicial a cargo de la investigación.
Las miradas de la investigación judicial se dirigen principalmente hacia las circunstancias que rodearon la contratación de David Sánchez en la diputación, así como su desempeño en dicho cargo. Se investigan posibles delitos contra la Administración Pública, entre los que se incluyen prevaricación, tráfico de influencias, malversación y enriquecimiento ilícito. No menos importante es la indagación sobre su residencia fiscal, ante la sospecha de que pudiera tenerla en Portugal y no en España, lo que abriría la puerta a posibles delitos contra la Hacienda Pública.
Los registros anteriores no solo se centraron en la figura de David Sánchez; durante la primera intervención, la Guardia Civil también confiscó correos electrónicos pertenecientes a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación, y otros siete empleados de la entidad. Las autoridades expresaron que los indicios recabados «reafirman la existencia de indicios de la comisión de los delitos investigados».
Este escándalo ha provocado reacciones contundentes en la esfera política. Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha interpelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo que «dé la cara» frente a estas acusaciones que no solo afectan a su hermano sino también a su círculo más íntimo, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez. Tellado acusa al presidente de adoptar una «estrategia del escapismo» ante una situación que considera «insostenible».
La continuación de estas investigaciones y los resultados de los últimos registros podrían tener implicaciones significativas tanto para los involucrados directamente en las indagaciones como para el Gobierno en su conjunto. Mientras tanto, la oposición aumenta la presión, exigiendo transparencia y respuestas ante lo que describen como «un caso» de corrupción y tráfico de influencias que toca de cerca al presidente del Gobierno.
