La Audiencia Nacional ha emitido un fallo condenatorio contra Francisco Javier García Gaztelu, conocido como ‘Txapote’, exlíder de la organización terrorista ETA, imponiéndole una pena de 52 años de prisión. Esta condena también alcanza a Asier Arzalluz, ‘Santi’, y Aitor Aguirrebarrena, ‘Peio’, ambos exmiembros de la misma organización, por su participación en la colocación de un artefacto explosivo en el año 2000 en el municipio navarro de Cintruénigo, el cual, afortunadamente, no llegó a detonar. Esta acción tenía como blanco la vida de un guardia civil que los acusados creían residía en el lugar, aunque para ese momento la vivienda era habitada por una mujer y su hijo menor de edad.
Este fallo judicial establece que los tres condenados son responsables de dos delitos de asesinato en grado de tentativa de carácter terrorista, por lo que se les imputan 38 años de reclusión, y un delito de estragos terroristas también en grado de tentativa, que añade 14 años más a su condena.
La sentencia revela que el artefacto fue colocado en una jardinera del alféizar de una ventana de la vivienda, acto llevado a cabo por Arzalluz y Aguirrebarrena bajo las órdenes de ‘Txapote’. La intención era claramente homicida, destinada a acabar con la vida del supuesto residente guardia civil, quien inesperadamente para los perpetradores, ya no vivía allí desde 1996.
El dispositivo no explotó debido a una falla en el circuito eléctrico, específicamente por la rotura de los hilos conductores del cableado, lo que impidió la ignición del artefacto, que posteriormente fue encontrado y desactivado por especialistas del GEDEX de la Guardia Civil de Navarra el 28 de enero de 2001.
En el juicio, Arzalluz y Aguirrebarrena admitieron su participación en estos hechos, mientras que ‘Txapote’ optó por el silencio, interpretado por el tribunal como una negativa a colaborar. A pesar de esto, la corte encontró pruebas suficientes para condenarlo como el instigador del intento de ataque. Entre las evidencias se incluyen documentos y una agenda personal de García Gaztelu, donde se registraron múltiples encuentros con el comando Totto, detectados y analizados por expertos grafólogos.
Este fallo reitera la firmeza de las autoridades españolas en perseguir y sancionar los actos de terrorismo, reafirmando el compromiso del sistema judicial con las víctimas y la seguridad nacional, poniendo de manifiesto la capacidad del Estado para procesar y castigar a aquellos que buscan imponer sus ideales mediante la violencia y el terror.
