En plena temporada alta, las ciudades de Málaga y Cádiz se han visto sacudidas por multitudinarias manifestaciones en rechazo a la turistificación y las crecientes dificultades de acceso a la vivienda. Estas protestas han captado la atención de la comunidad política, dividida entre quienes buscan soluciones y quienes intentan sacar provecho político de la situación.
Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha sido uno de los primeros en reaccionar, advirtiendo sobre el impacto negativo que tales movilizaciones pueden tener sobre el sector turístico. Según él, el turismo, que es fundamental para la economía regional y emplea a cerca de 475.000 personas en verano, no puede soportar semejante presión. Esta postura se ve reflejada en la cobertura que medios internacionales como The Guardian o Der Spiegel han dado a las protestas, destacando el malestar ciudadano frente a los efectos del turismo en masa.
Por otro lado, el debate ha escalado dentro del Ayuntamiento de Málaga, donde el alcalde Francisco de la Torre demanda una nueva normativa que le permita aplicar un impuesto turístico y regular las viviendas vacacionales. En contraparte, el sector político de la oposición, integrado por PSOE, Sumar y Podemos, exige medidas más drásticas para limitar los alquileres turísticos y garantizar el derecho a la vivienda, similares a las impuestas en Barcelona.
Este escenario se complica aún más con figuras como la del concejal de Turismo en Málaga, Jacobo Florido, quien ha criticado a los manifestantes, sugiriendo que disfruten de la oferta turística de la ciudad. Tal actitud ha sido mal recibida por la ciudadanía, generando aún más tensiones en el debate sobre la gestión del turismo y la vivienda.
Sevilla, otra ciudad afectada por esta temática, sigue luchando por encontrar el equilibrio entre el atractivo turístico y la preservación de su identidad. A pesar de los esfuerzos por restringir los alquileres turísticos en áreas con alta presión turística, la falta de consenso entre los distintos grupos políticos ha impedido avanzar en soluciones concretas.
Este fenómeno, lejos de ser un asunto local, refleja una problemática global donde el crecimiento desmedido del turismo amenaza con desplazar a las comunidades locales y modificar irreversiblemente la cara de las ciudades. Los desafíos que presenta la turistificación exigen respuestas ágiles y consensuadas que equilibren las necesidades económicas con el bienestar y derechos de los ciudadanos.
