Debido a la actuación de las empresas farmacéuticas y los países ricos, es probable que miles de millones de personas que corren el riesgo de contraer la COVID-19 no reciban este año ni una sola dosis de las vacunas de las que puede depender su vida, ha afirmado Amnistía Internacional, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva campaña global para reclamar el acceso universal a las vacunas.
La campaña — Un pinchazo justo: Acceso universal a las vacunas contra la COVID-19— pide a las empresas farmacéuticas que compartan sus conocimientos y tecnología para elevar al máximo el número de dosis de vacunas disponibles en todo el planeta. En España, la organización recoge firmas con este fin en su centro de activismo online.
Asimismo, pide a los Estados que dejen de practicar el “nacionalismo de las vacunas” y trabajen conjuntamente para garantizar el acceso inmediato de las personas más expuestas a contagiarse de COVID-19 en todos los países a unas vacunas de las que puede depender su vida.
“Quién tiene acceso a la vacuna contra la COVID-19, cuándo y a qué precio son algunas de las cuestiones más importantes y controvertidas a las que se enfrentan hoy nuestras sociedades. Pero las respuestas vienen determinadas por los intereses de los Estados y empresas poderosos”, ha afirmado Stephen Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.
“Hasta ahora han generado un situación peligrosa en la que las desigualdades globales en el acceso a las vacunas se están intensificando sin control. Un reducido número de países ricos encabezan la carrera, mientras el resto del mundo se esfuerza por arrancar desde la línea de salida. Todas las personas merecen un pinchazo justo de esta vacuna: en lo que se refiere a nuestro derecho a la salud, no hay lugar para la discriminación.”
Los países ricos han comprado más de la mitad del suministro de vacunas del mundo, aunque representan sólo el 16% de la población mundial. Los mismos países han administrado hasta ahora más del 60% de las dosis del mundo, mientras que más de 100 países no han vacunado todavía a ni a una sola persona.
No se debe negar a nadie el acceso a la atención de la salud —incluidas las vacunas— por el lugar en el que vive, por su identidad o por su nivel de ingresos. Si se ejerce suficiente presión en las personas correctas, podemos conseguir que los sistemas de vacunación contra la COVID-19 garanticen los derechos humanos”, ha afirmado Stephen Cockburn.
Compartir conocimientos y tecnología
Se ha gastado el dinero de miles de millones de contribuyentes en ayudas a empresas como AstraZeneca, Moderna y Pfizer BioNTech para que desarrollen y produzcan vacunas, pero estas empresas —y otras— se niegan a compartir sus investigaciones, conocimientos y tecnologías. Esto significa que otras empresas farmacéuticas no pueden hacer uso de estos avances científicos para aumentar su propia producción de vacunas, lo cual incrementaría a su vez el suministro y las haría accesibles a países con menos presupuesto.
Por ejemplo, en mayo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) para que las empresas pudieran compartir datos y conocimientos, y después acordar licencias de producción y transferencias de tecnología a otros potenciales productores, con objeto de asegurar el acceso más rápido de la población a vacunas en cualquier lugar. Pero, hasta ahora, ni una sola empresa farmacéutica se ha adherido al C-TAP.
Los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y apoyar la propuesta de exención de ciertas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC (acuerdo internacional que regula los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) que suelen restringir dónde, cuándo y cómo se producen los medicamentos. Esta exención dispensaría de la ejecución de las protecciones de patentes y propiedad Intelectual que actualmente crean obstáculos para que otros fabricantes produzcan más vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, aunque cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de países de ingresos bajos y medios, los Estados ricos se oponen.
Mientras algunos Estados se niegan a hacer rendir cuentas a los productores de vacunas por su responsabilidad de derechos humanos de extender el acceso a la vacuna contra la COVID-19 al máximo número de personas, profundas fisuras y desigualdades entre países y comunidades salen a la luz con más fuerza. Y son las personas que corren más riesgo las que sufren porque algunos países y empresas farmacéuticas siguen concediendo prioridad a los acuerdos bilaterales antes que a garantizar que todas las personas en todos los países reciben el mismo trato en la administración de dosis de las vacunas contra la COVID-19.
“Cuando conmemoramos el primer aniversario de la declaración de la pandemia de COVID-19, no podemos permanecer de brazos cruzados ante esta tragedia cuando tenemos soluciones sobre la mesa”, ha afirmado Tamaryn Nelson, asesora de Salud de Amnistía Internacional. “En plena carrera de los gobiernos para vacunar ante todo a sus poblaciones, y con la industria farmacéutica aferrándose como puede a sus patentes, olvidamos que hay vidas humanas en juego. Nadie estará seguro hasta que todos y todas lo estemos.”
