Los letrados de la Administración de Justicia en España están en huelga indefinida desde el 24 de enero, exigiendo un aumento salarial que sitúe su sueldo en el 85% de lo que cobran los jueces. Afirman que su protesta ya ha obligado a suspender más de 270.000 juicios y hay más de 350.000 demandas pendientes de reparto y mil millones de euros bloqueados en las cuentas de consignación de los juzgados. El Ministerio de Justicia argumenta que ya han subido el salario de los letrados en un 14,5% y se plantea retirar algunas de sus funciones antes que aceptar nuevas subidas salariales. Los letrados, que han convocado para este jueves una manifestación en Madrid, acusan a Justicia de incumplir un compromiso pactado.
Esta huelga se produce cuando las oficinas judiciales se encuentran bajo una gran presión debido a la sobrecarga de trabajo y a la falta de infraestructuras. Los letrados tienen una serie de tareas, como la gestión de expedientes judiciales y la organización de las señalamientos de los juicios. Los jueces también dependen de ellos para la redacción de sentencias, así como de otros documentos oficiales. Los letrados de la Administración de Justicia son un colectivo muy profesional, que cuenta con una formación especializada en Derecho. La falta de respuesta a sus reivindicaciones sigue generando tensiones en este ámbito.
La huelga, que comenzó en enero, es resultado de un largo proceso de negociación entre el Ministerio de Justicia y los letrados. En 2009, se crearon las oficinas judiciales con el fin de modernizar y agilizar el funcionamiento de los juzgados. Los letrados pasaron a tener nuevas responsabilidades, pero su salario siguió siendo bajo en comparación con el de los jueces. La falta de acuerdo entre las partes ha llevado a los letrados a realizar una huelga indefinida. Han tenido que suspender miles de juicios y hay millones de euros bloqueados en cuentas judiciales, lo que ha generado un gran perjuicio para los ciudadanos, empresas y abogados. En definitiva, esta huelga es un gran desafío para los tribunales españoles y pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo reformas para modernizar y fortalecer el sistema judicial.
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