La decisión judicial de bloquear la aplicación de mensajería Telegram en España ha generado una ola de indignación entre creadores de contenido, usuarios y diversas organizaciones que ven en esta medida un ataque directo a la libertad de expresión. Sin embargo, lo que más sorprende en este contexto no es solo la medida en sí, considerada desproporcionada y sin precedentes en el marco de la legislación española sobre protección intelectual, sino la falta de una respuesta firme y unificada por parte de la oposición política.
Expertos jurídicos y asociaciones de derecho digital han calificado el cierre cautelar de Telegram de «desproporcionado» y «sin sentido». Borja Adsuara, destacado experto en derecho digital, ha señalado para ABC que «la medida es totalmente desproporcionada», haciendo hincapié en que el uso que se ha hecho del artículo 141 de la Ley de Protección Intelectual no tiene cabida, ya que esta norma se aplica exclusivamente en casos donde el servicio se dedica en su totalidad a la piratería.
A medida que nos acercamos a las elecciones europeas, esta situación adquiere un cariz aún más grave. Se destaca la afectación directa a Alvise Pérez, candidato europeo cuyo principal canal de comunicación y viralización en España se encuentra precisamente en Telegram. España se convierte así en el sexto país del mundo en bloquear el acceso a esta aplicación, uniéndose a una lista de naciones conocidas por sus restricciones a la libertad en internet.
Ante este panorama, se está organizando una respuesta colectiva de los principales creadores de contenido de la aplicación en España, así como de multitud de organizaciones, para denunciar lo que consideran un «atropello criminal». Sin embargo, la reacción de la oposición política ha sido notablemente tibia, limitándose en muchos casos al silencio o a la difusión de contenido irrelevante en relación con la gravedad del asunto.
La pregunta que surge es: ¿Cómo es posible que, ante un tema tan fundamental como la libertad de expresión, la oposición no logre articular una posición firme y rápida? La falta de una respuesta contundente no solo deja en evidencia una desconexión con las preocupaciones de la ciudadanía, sino que también plantea dudas sobre la capacidad de estas fuerzas políticas para defender derechos básicos en un contexto digital cada vez más controlado.
Mientras tanto, los usuarios ya buscan formas de sortear el bloqueo, siguiendo consejos como descargar la aplicación directamente desde la página oficial de Telegram y configurar proxies que permitan eludir las restricciones impuestas. Este esfuerzo colectivo por mantener abiertos los canales de comunicación refleja un compromiso con la libertad de expresión que parece superar, por el momento, la capacidad de reacción de la esfera política. La sociedad civil se muestra dispuesta a luchar contra la censura y a llegar al 9 de junio, fecha de las elecciones europeas, sin que se silencien sus voces.
