La lucha sin victoria de la tropa: a los 45 años regresan a casa con las manos vacías.

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Un soldado español ha llevado su caso ante el Tribunal Supremo con el objetivo de obtener un título homologable al abandonar el ejército por una retirada forzosa. El soldado en cuestión tenía un historial médico problemático que le llevó a ser excluido del servicio activo y fue retirado de forma forzosa en 2015. El soldado ha argumentado que merece un título homologable como compensación por el tiempo que sirvió en el ejército y por el sacrificio que realizó en defensa del país.

El demandante ha asegurado que la retirada forzosa le ha dejado en una posición difícil en el mercado laboral, ya que no tiene ningún título oficial que le acredite para trabajar en cualquier otro ámbito. En su demanda, ha afirmado que la posición del ejército español es que «cualquier persona que haya servido durante un periodo de tiempo en las Fuerzas Armadas merece un título universitario homologable». Sin embargo, ha señalado que las autoridades militares han sido incapaces de proporcionarle a él y a otros soldados retirados forzosamente la formación necesaria para obtener dicho título.

La demanda ha dado lugar a un debate sobre si la retirada forzosa en sí misma debería ser considerada un recurso legal legítimo para obtener un título prentendido, independientemente de la formación de un soldado. La retirada forzosa, en la que un militar es dado de baja del ejército después de ser incapacitado, puede ser vista como una forma explícita de expulsión de las fuerzas armadas, diferente de la retirada voluntaria o de la jubilación. La retirada forzosa podrían provocar discriminación laboral o problemas en la búsqueda de trabajo.

A pesar de la argumentación del demandante, las autoridades militares se han negado a tropiezo con sus exigencias, afirmando que, puesto que la educación es un deber de los militares, aquellos sin formación académica deberían recibir capacitación mientras estén en el servicio activo para que puedan estar preparados para una carrera después de su servicio activo.

La sentencia del Tribunal Supremo podría sentar un precedente para futuros casos similares, y tener un impacto importante en el tratamiento de los derechos laborales para los soldados retirados forzosamente.

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