El Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (Fapas) ha llevado a la Fiscalía el caso de un oso herido detectado en Somiedo, instando a tomar medidas cautelares para preservar el cadáver del animal en caso de ser sacrificado, con el fin de evitar su destrucción. Esta acción se basa en antecedentes donde el Principado de Asturias ha procedido a deshacerse rápidamente de los restos de osos, supuestamente muertos por causas naturales, sin permitir otras investigaciones que podrían arrojar luz sobre las verdaderas causas de estos decesos.
Desde el Fapas se critica duramente la postura del Gobierno Regional de Asturias por clasificar sistemáticamente las muertes de osos como acontecimientos naturales, ignorando otras variables que merecen ser exploradas legalmente. La organización pone especial énfasis en el problema del furtivismo en Asturias y en cómo el propio Principado ejecuta un controvertido proyecto de captura de osos, que podría estar infringiendo más daño que beneficio en la población ursina local debido a la utilización de trampas potencialmente peligrosas para los animales.
Además, alertan sobre la falta de transparencia en dicho proyecto de captura, acusando al Gobierno Regional de mantenerlo en secreto y de no divulgar información esencial como el número de osos capturados y marcados, incidencias durante la captura, y los resultados del seguimiento posterior a la liberación de los osos, los cuales, según indican, son liberados en el mismo lugar donde fueron capturados, desmintiendo así las alegaciones de que el objetivo es alejar a los osos de zonas habitadas.
El asunto de los osos heridos o fallecidos en circunstancias sospechosas ha generado tensiones entre las administraciones y las organizaciones de conservación en España. El caso del oso Cachou, quien fue encontrado muerto en las montañas pirenaicas y cuya muerte fue inicialmente atribuida a causas naturales por la administración, sólo para luego descubrirse que había sido envenenado, sirve como precedente y ejemplo de la importancia de investigar a fondo estos incidentes.
Actualmente, están en espera de juicio dos individuos relacionados con el caso Cachou, un consejero de Medio Ambiente y un funcionario responsable de la vigilancia del oso, lo que demuestra la potencial gravedad y alcance de estos temas cuando son objeto de una investigación exhaustiva. El Fapas, con su reciente acción ante la Fiscalía, busca no solo justicia para el oso herido de Somiedo sino también impulsar una mayor transparencia y revisión de las políticas de manejo de la fauna salvaje en Asturias.
