En una decisión que ha conmocionado a la comunidad y ha puesto en entredicho el funcionamiento de la justicia, Julio González Sierra ha sido finalmente condenado a 10 años de prisión por un delito de homicidio por omisión en la muerte de su novia, Nerea Añel Vázquez, de 26 años. La decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de anular el controvertido fallo absolutorio previo dictado por el expresidente de la Audiencia Provincial de Ourense ha marcado un precedente en la jurisprudencia local, destacando la importancia de no contradecir el veredicto de un jurado popular sin fundamentos sólidos.
El caso de Nerea Añel Vázquez, desaparecida en enero de 2020 y cuyo cuerpo fue encontrado ocho meses después en un recodo remoto del lecho seco del río Barbadás, ha sido particularmente doloroso. Durante meses, la desesperada búsqueda de pistas por parte de su madre llenó las calles de Ourense de carteles con su rostro, un doloroso recordatorio de la violencia contra las mujeres y la urgencia de una justicia eficaz y empática.
Julio González Sierra, de 32 años, había mantenido su inocencia alegando haberse separado de Nerea la noche de su desaparición tras un encuentro en el que ambos consumieron drogas. Sin embargo, la Fiscalía y la acusación particular lograron establecer una línea de tiempo y circunstancias que apuntaban a su culpabilidad, destacando que Sierra tenía la oportunidad y la capacidad de prestar o buscar ayuda para Nerea, gravemente herida y en riesgo de morir de hipotermia, pero optó por abandonarla a su suerte.
El fiscal destacó en el juicio que ser drogodependiente no exime de responsabilidad criminal, un mensaje claro dirigido no solo a Sierra sino a la sociedad en general. La revelación de que Nerea podría haber sobrevivido si hubiera recibido asistencia médica a tiempo añadió un nivel adicional de tragedia al caso, al evidenciarse la deliberada omisión de auxilio por parte de Sierra.
Este caso ha evidenciado varios puntos críticos dentro del sistema judicial español, incluyendo la relación entre las decisiones de los jurados populares y la potestad de los jueces para reinterpretar estos veredictos, así como el tratamiento de los casos de violencia de género y la responsabilidad de los individuos ante situaciones de emergencia médica. La decisión de la Audiencia Provincial de Ourense, rectificada finalmente por el TSXG, subraya la necesidad de una justicia que priorice la equidad, la empatía y la protección de las víctimas sobre las lagunas legales y los tecnicismos.
