En un reciente giro legal, la representación de Juana Rivas ha intensificado sus esfuerzos para proteger a su hijo menor de edad mediante la solicitud de medidas de protección internacional. El martes, presentaron peticiones ante la Fiscalía Provincial y el Juzgado de Guardia en Granada con el objetivo de que el niño no sea obligado a regresar a Italia con su padre, Francesco Arcuri, luego de las vacaciones de Navidad en España. Esta acción se lleva a cabo en el contexto de una disputa legal que incluye acusaciones de violencia de género contra Arcuri por parte de Rivas.
Los intentos previos de obtener medidas cautelares para el menor fueron rechazados por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada, lo que impulsó a los letrados a buscar el apoyo de la Fiscalía, aduciendo una clara situación de riesgo para el niño. La petición enfatiza la necesidad de que se escuche al menor, citando el «interés superior» de su protección.
La contienda judicial tomó un giro cuando el mencionado Juzgado se declaró incompetente, pasando el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2, donde ya existe un procedimiento judicial en curso relacionado con las acusaciones de Rivas contra Arcuri. A pesar de estos movimientos legales, la demanda de Rivas para que no se obligue al menor a regresar con su padre aún encuentra obstáculos, incluida la reciente resolución de la Corte de Apelación de Cagliari, que ordena la vuelta del niño a Italia.
Este desarrollo se suma a una serie de acciones legales y denuncias que se han presentado en ambos países, en un intento por resolver una situación de profundo conflicto familiar que se ha prolongado durante años. El caso de Juana Rivas ha generado un amplio debate público y mediático sobre la protección de los menores, la violencia de género y el derecho internacional.
La representación de Rivas no ha ocultado su frustración ante lo que consideran una falta de atención adecuada a las alegaciones de peligro para el menor, y han declarado su intención de continuar luchando por la seguridad y el bienestar del niño. Mientras tanto, el caso sigue abierto, pendiente de más decisiones judiciales que determinarán el destino del menor.
