En un giro significativo en la gestión de la crisis migratoria en Canarias, el Gobierno regional ha decidido establecer una nueva política respecto al manejo de los menores inmigrantes que arriban a sus costas. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que desde ahora, los menores serán considerados bajo custodia policial y, por tanto, responsabilidad del Estado español, marcando un cambio en la interpretación de las competencias sobre esta delicada cuestión humanitaria.
Clavijo, del partido Coalición Canaria, señaló que esta medida no implica un desentendimiento de la región ante esta crisis, sino todo lo contrario. Acentuó que Canarias continuará colaborando en la acogida de menores migrantes, pero enfatizó que su participación será especie de apoyo al Estado, siempre que cuenten con los recursos necesarios. Esta declaración surge tras sucesos críticos ocurridos durante el fin de semana en El Hierro, donde se reportaron desencuentros entre autoridades y una ONG debido a la falta de espacio para acoger a nuevos menores.
La situación llevó al Gobierno canario a replantear su enfoque, cuestionando el cumplimiento de los protocolos existentes y buscando resguardar a las organizaciones colaboradoras y a la comunidad autónoma de posibles implicaciones legales. En este contexto, se ha comunicado oficialmente a las ONG que no deberán aceptar más menores migrantes sin una autorización previa del gobierno regional.
Adicionalmente, este lunes, Clavijo reunió a los portavoces de todos los partidos políticos del archipiélago, incluidos aquellos con posturas divergentes sobre el pacto migratorio, para informar sobre un acuerdo que renueva la declaración de emergencia migratoria. Dicha medida busca agilizar la respuesta y ampliar las capacidades de acogida, exigiendo al mismo tiempo al Estado el cumplimiento del protocolo en el manejo de los menores.
Esta decisión ha recibido apoyo unánime de los distintos partidos políticos de la comunidad autónoma, aunque se han hecho eco de distintas preocupaciones, desde la naturaleza de las relaciones jurídicas con el Estado hasta la necesidad de abordar reformas legislativas más amplias sobre la inmigración.
El cambio de postura del Gobierno de Canarias evidencia la creciente tensión y el desafío en la gestión de la crisis migratoria, reflejando la necesidad de un enfoque más coordinado y de responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas y el Estado español. En medio de un escenario nacional marcado por el debate sobre la política migratoria, Canarias busca reafirmar su papel y asegurar una protección adecuada para los menores migrantes, cumpliendo con sus obligaciones legales y humanitarias.
