En una movida estratégica y de firme oposición, el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, asienta su postura contra la actual Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras la tensión social se incrementa, el PP ha logrado mantener una sorprendente unidad entre las 14 comunidades autónomas que gobierna, incluyendo a Ceuta y Melilla, adoptando un enfoque firme y coordinado que contrasta claramente con las políticas del Ejecutivo.
En la vanguardia de este pulso político se encuentra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no ha escatimado en calificar las medidas gubernamentales como un «ataque contra la propiedad privada». Esta postura es evidente en la negativa de las regiones gobernadas por el PP a declarar zonas tensionadas, lo que limitaría el precio de los alquileres, como dicta la controvertida ley.
A pocas horas de la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde los consejeros autonómicos se reunirán con la ministra Isabel Rodríguez, el PP presentó su Plan para el Desarrollo Urbano y la Vivienda. Este plan busca presentar una alternativa «unificada» que sirva de contrapeso a las políticas del Gobierno, en el marco de una de las problemáticas sociales más sentidas: el acceso a la vivienda.
El PP pretende promover una legislación que fomente el aumento de la oferta de viviendas mediante la liberalización del suelo, la simplificación burocrática, la protección de los caseros frente a la ocupación ilegal y medidas de apoyo a los jóvenes. Además, el partido no descarta movilizaciones judiciales contra el Ejecutivo por lo que consideran una invasión competencial, evidenciando la profundidad del conflicto.
En contraposición a las medidas que el Gobierno pretende implementar a partir de 2026, en las que se condicionará la concesión de fondos autonómicos a la implementación de la política de zonas tensionadas, el PP se muestra inflexible. Afirma que todas sus comunidades autónomas se rebelarán contra la amenaza del Gobierno, solicitando una rectificación y reiterando su negativa a regular los precios del alquiler.
Este choque de titanes no solo demuestra las diferencias ideológicas en cuanto a la política de vivienda entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, sino que también anticipa una polarización de cara a futuras negociaciones. Los tímidos avances hacia un posible Pacto de Estado en Vivienda parecen ahora más lejanos que nunca, y todo apunta a que la crisis de acceso al mercado inmobiliario encontrará un punto crítico este próximo 13 de octubre con una gran manifestación prevista en Madrid.
En medio de este panorama, el PP se aferra a su estrategia de unidad y oposición, representando una alternativa firme al modelo de gestión de vivienda propuesto por el Gobierno. El tiempo dirá si esta postura contribuirá a solucionar la problemática habitacional o si, por el contrario, la polarización política seguirá dejando a los ciudadanos en medio de un fuego cruzado sin soluciones a la vista.
