En una acción diplomática significativa, España, junto con Estados Unidos y una veintena de otras naciones, ha hecho un llamado firme al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela para que cese la violencia y libere a los presos detenidos en el contexto de las recientes protestas, que incluyen miembros de la oposición. Este grupo de países, que se congregó en Santo Domingo de Guzmán, ha expresado una preocupación profunda por las detenciones arbitrarias y la demora en la publicación de las actas electorales de las elecciones del 28 de julio, situación que, dicen, pone en duda la legitimidad de los resultados que adjudican la victoria al partido gobernante.
La declaración conjunta resalta la urgencia de un cambio en la gestión de la crisis política y social que enfrenta Venezuela, un momento descrito como «crucial» tanto para el país como para la región. En su mensaje, los países firmantes han abogado por el respeto a los principios democráticos, los derechos humanos, y han insistido en el derecho a la manifestación pacífica y la libertad de expresión.
Además, se ha solicitado el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela, con el fin de que pueda operar sin restricciones. Esto se suma a la petición de liberación segura de personas que han buscado asilo en representaciones diplomáticas extranjeras, conforme a la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.
Quizás uno de los puntos más destacables de esta cooperación internacional es la solicitud para una verificación imparcial e independiente de los resultados electorales, preferiblemente por una entidad internacional. Se ha tomado nota de la existencia de un 80% de actas digitales que, supuestamente, muestran un resultado electoral diferente al anunciado oficialmente, subrayando la necesidad de transparencia y veracidad en el proceso electoral.
Este llamamiento se hace eco de la preocupación mundial por el estado de la democracia en Venezuela, un país sumido en una profunda crisis política y económica que ha desencadenado una de las mayores migraciones en la historia reciente de América Latina.
Los países firmantes concluyen su declaración comprometiéndose a apoyar el diálogo y el entendimiento para superar la crisis, buscando una solución que respete los valores democráticos, asegure la justicia y la paz, y que sea genuinamente venezolana. Este posicionamiento conjunto apunta a fortalecer los esfuerzos internacionales hacia la recuperación de la estabilidad política y social en Venezuela, instando a todas las partes a unirse con sensatez y cordura en un momento crítico para la nación.
