El festival indie más popular de la capital está una vez más en el punto de mira. La edición anterior, el evento de artistas alternativos generó notables beneficios, alcanzando más de 46 millones de euros y creando aproximadamente 6.700 puestos de trabajo. Sin embargo, este éxito económico no ha estado exento de polémicas, las cuales varían cada año, desde la ubicación hasta robos de teléfonos móviles y quejas de los vecinos. Este año, a un mes de su celebración en el distrito de Villaverde, el conflicto se centra en la aprobación pendiente del plan de movilidad, lo que ha desatado una confrontación entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno por la gestión del transporte.
El festival, que tendrá lugar en el mismo recinto de Villaverde que el año anterior, generó controversias por el ruido y las dificultades para salir del área. No solo el festival ha sido foco de quejas, sino también eventos previos como el concierto de Harry Styles, que intensificaron el descontento vecinal. La Delegación del Gobierno, criticando la falta de seguridad, sugirió al ayuntamiento incluso la cancelación de algunos conciertos.
El Ayuntamiento, por su parte, exige ahora un escrito oficial de la Delegación que acredite la resolución de los problemas de movilidad en las entradas y salidas, identificados en 2023. Sin este documento, se niega a aprobar el nuevo plan de movilidad. Esta situación ha alimentado la discusión sobre las responsabilidades de cada entidad con respecto a la organización del evento, mientras el reloj avanza hacia la fecha del festival.
A pesar de los impedimentos burocráticos, el delegado Borja Carabante afirmó que todos los informes y licencias están en orden, falta simplemente la aprobación final por parte de la Delegación. Esta declaración se ve contrarrestada por las críticas del delegado Francisco Martín, quien califica de irresponsable la venta de entradas sin la aprobación de todos los planes necesarios.
El ayuntamiento alega que la ubicación del recinto, cercano a la M-45, carretera dependiente de la Delegación del Gobierno, requiere de su explícita colaboración. Sin embargo, desde la Delegación se ha argumentado que situaciones similares no han presentado problemas en el pasado, sugerencia de que el ayuntamiento podría estar complicando innecesariamente el proceso.
Mientras ambas partes insisten en su versión de los hechos, hay anuncios de que se estén realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo que permita la celebración del festival. Esta situación refleja una vez más los desafíos de organizar grandes eventos en la capital, equilibrando las expectativas de beneficios económicos y culturales con la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos. Además, se ha revelado que el ayuntamiento ha reducido el patrocinio del evento en un 80%, lo que supone un obstáculo adicional para los organizadores, quienes se esfuerzan por ofrecer un evento memorable a pesar de las dificultades financieras y logísticas.
