En un giro reciente dentro del caso de agresión sexual que implica al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, y a la actriz Elisa Mouliaá, el político ha hecho un llamado al juez encargado de llevar su investigación a reconsiderar la medida de examinar y clonar el contenido íntegro de su teléfono móvil. Errejón, quien también es uno de los cofundadores de Podemos, ha calificado dicha acción como «desproporcionada, innecesaria e invasiva», vulnerando su derecho a la intimidad.
La solicitud de esta medida, que fue aprobada por el juez Adolfo Carretero en respuesta a las peticiones de diligencias de prueba de las partes, ha sido especialmente criticada por la defensa de Errejón. La acusación popular, ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas del Delito Especializada, había demandado esta acción. No obstante, Eva Gimbernat, la abogada de Errejón, ha presentado un recurso argumentando que no se justificó adecuadamente la necesidad de tal medida ni por parte del juez ni de la acusación.
En un intento por aportar transparencia al caso, la defensa del político había presentado un acta notarial que contenía los mensajes intercambiados con Mouliaá a través de Instagram, además de admitir una conversación por Telegram cuya característica es la autodestrucción de los mensajes, poniendo en tela de juicio la necesidad de acceder a todo el contenido del móvil de Errejón.
Un aspecto controvertido del caso ha sido la participación de la acusación popular, sobre la cual la defensa de Errejón ha señalado la ausencia de una página web oficial y ha cuestionado sus motivaciones para intervenir en el proceso. A su vez, Gimbernat ha destacado preocupaciones sobre las intenciones detrás de la demanda de acceder al móvil del exdiputado, sugiriendo que podrían estar más orientadas a alimentar la publicidad mediática que a esclarecer los hechos.
La investigación comenzó tras la denuncia de Mouliaá donde relató experiencias de tocamientos, besos no consentidos y comentarios sexuales por parte de Errejón en varias ocasiones durante una noche en 2021. Este caso ha levantado unas polémicas declaraciones y filtraciones a los medios, lo que ha puesto en cuestión si el objetivo de algunas acciones legales es verdaderamente el esclarecimiento de los hechos o el aprovechamiento mediático del proceso.
