En un movimiento que ha sacudido el panorama político español, el Partido Popular (PP) lanzó este miércoles una contundente moción contra la financiación específica para Cataluña, acordada entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Esta propuesta llega en un momento crítico, apenas un mes después de la investidura y en plena celebración de la Diada, simbolizando un pulso político que traspasa las fronteras de Cataluña.
El partido, liderado en esta iniciativa por Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, ha dirigido su petición a una vasta red de entidades locales y regionales, incluidos ayuntamientos, cabildos, diputaciones y consells insulares, además de los gobiernos autonómicos, en busca de apoyo para un sistema que promueva la justicia y solidaridad entre las comunidades autónomas de España. El plan del PP integra un total de once propuestas dirigidas al Gobierno central, cada una diseñada para abordar aspectos específicos de la política fiscal y financiera del país.
Con palabras fuertes y directas, Bendodo ha criticado duramente al Gobierno de Sánchez, acusándolo de ceder ante lo que describe como «chantaje» por parte de ERC, lo cual según él, únicamente sirve para prolongar su permanencia en el poder. Esta postura ha escalado las tensiones entre partidos, y especialmente, entre distintas facciones del PSOE a nivel regional.
El fondo de la controversia radica en el «cupo catalán», un sistema de financiación que, según el PP, perjudica la equidad y vulnera principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas españolas. La moción incluye una demanda para paralizar cualquier movimiento hacia una independencia fiscal catalana, junto con un firme rechazo a la posible fragmentación de la Agencia Tributaria.
Esta estrategia política busca no solo reafirmar la posición del PP frente a las concesiones económicas a Cataluña sino también poner a prueba la cohesión y principios del PSOE, retando especialmente a figuras como Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, a definir su postura respecto al «sanchismo».
En paralelo, el PP ha exigido la convocatoria de una Conferencia de Presidentes Autonómicos, que considera largamente atrasada, además de solicitar reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local para revisar la financiación autonómica y local. Estas medidas buscan promover una mayor transparencia y multilateralidad en el proceso de financiación, alejándose de las negociaciones bilaterales que, según el PP, han marcado la relación del Gobierno con las autonomías.
Finalmente, el PP propone la creación de un fondo transitorio para compensar lo que consideran una infrafinanciación de ciertas comunidades autónomas, además de reclamar una mayor equidad en la distribución de los Fondos Next Generation de la Unión Europea.
Este audaz movimiento por parte del PP no solo intenta recalibrar el debate sobre la financiación autonómica en España sino que también pone de manifiesto las profundas divisiones políticas y territoriales que persisten en el país, en un momento en que la gestión de los recursos económicos se ha convertido en un tema aún más crítico debido a las presiones financieras y sociales derivadas de la pandemia del COVID-19 y sus secuelas económicas.
