“El Ministerio del Interior permitió la renuncia de la perito del ‘caso Cuarteles’ a pesar de la oposición de la jueza, el fiscal y la Abogacía.”

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Un grupo de arquitectos y ciudadanos se manifestó en Madrid el pasado fin de semana para protestar por la destitución de la arquitecta Soledad Hernández, quien había sido nombrada directora del programa de arquitectura del Ministerio de Cultura por el gobierno anterior. Los manifestantes consideran que el ministerio de Fernando Grande-Marlaska no ha valorado adecuadamente la labor de Hernández en el programa, y que la decisión de destituirla fue arbitraria y sin justificación.

La protesta tuvo lugar en la plaza de las Letras, en el centro de Madrid, y fue organizada por la Red Editorial de Arquitectura y Urbanismo (REDAU), un colectivo formado por arquitectos y editores de publicaciones especializadas en la materia. Según REDAU, la destitución de Hernández forma parte de una política del gobierno para desmantelar el programa de arquitectura del ministerio y reducir su papel en la planificación de edificios y espacios públicos.

La manifestación contó con la participación de decenas de personas, entre ellas algunos arquitectos muy reconocidos en España, como Ángela García de Paredes y Enrique Sobejano, ganadores del premio Nacional de Arquitectura en 2014. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Soledad Hernández, no estás sola” y “La cultura no es gasto, es inversión”.

En declaraciones a los medios, algunos de los manifestantes denunciaron la falta de interés del ministerio en la arquitectura y el urbanismo como disciplinas que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. También criticaron la falta de transparencia en la toma de decisiones y el hecho de que la destitución de Hernández se produjera sin explicación alguna por parte del gobierno.

La protesta ha tenido un gran eco en las redes sociales y ha sido apoyada por numerosas figuras del mundo de la cultura y la arquitectura, así como por políticos de distintos partidos. A pesar de ello, el gobierno no se ha pronunciado sobre el asunto y ha mantenido una actitud de silencio ante las demandas de los manifestantes.

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