En un giro dramático y controversial que ha sacudido el panorama político español, Alvise Pérez, el líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), se encuentra en el centro de un torbellino de acusaciones y escándalos que amenazan con desinflar su meteórica ascensión en la política nacional y europea. Según revelaciones de Diario de Actualidad y elDiario.es, Pérez está actualmente bajo la lupa de la Justicia por supuestas prácticas ilícitas en la financiación de su campaña para las elecciones europeas. Las denuncias indican que desvió fondos de donaciones a un chiringuito financiero cuestionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y se alega que recibió 100.000 euros en efectivo y sin factura por parte de Madeira Invest Club (MIC), un movimiento financiero que, según se reporta, fue para beneficiar al empresario de criptomonedas Álvaro Romillo a cambio de apoyo legislativo.
Estos problemas financieros no sólo han lanzado una sombra sobre la integridad de Pérez y SALF, sino que también han proporcionado un respiro a sus rivales políticos, el PP y Vox, quienes ven en este escándalo un posible fin a la fragmentación de la derecha española. Ambos partidos, aunque cautelosos en sus declaraciones públicas, consideran que las recientes revelaciones podrían mermar significativamente el crédito electoral de Pérez, quien había logrado captar la atención con su discurso anti-corrupción y de regeneración política.
Una mirada más profunda revela que, a pesar de las acusaciones y la evidencia acumulada, la base de seguidores de SALF, especialmente activa en plataformas digitales como Telegram, donde Pérez mantiene un canal con más de 700.000 miembros, se muestra reacia a abandonar a su líder. No obstante, las explicaciones ofrecidas por Pérez, quien en un video admitió haber recibido los 100.000 euros en metálico calificándolo de «legítima defensa contra el terrorismo fiscal del Estado», han sembrado dudas incluso entre sus seguidores más fieles.
Mientras tanto, la esfera política se encuentra en vilo por las acciones legales que puedan emprenderse contra Pérez. La Fiscalía del Supremo ha iniciado una investigación por un presunto delito electoral y de financiación ilegal, lo que augura un horizonte judicial complejo y probablemente tortuoso para el líder de SALF. A esto se suman las recientes acusaciones de Pérez hacia figuras claves de otros partidos, incluido Santiago Abascal de Vox, a quien implicó en transacciones dudosas con Madeira Invest Club, lo que ha provocado una reacción legal de Vox contra Pérez por difamaciones.
El alboroto causado por estas acusaciones resalta no solo la fragilidad de la política de financiación de campañas en España sino también el poder de las redes sociales como plataformas que pueden catapultar a nuevos actores políticos al estrellato o al escrutinio público en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los eventos continúan desplegándose, una cosa queda clara: el episodio de Alvise Pérez y SALF posiblemente se convierta en un caso de estudio sobre los riesgos y desafíos de la nueva política digital.
