El Gobierno de España avanza hacia la aprobación de una medida financiera sin precedentes: la condonación de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas. Este movimiento estratégico ha encontrado un camino más claro después de superar inicialmente el rechazo de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A pesar de la oposición, el Ejecutivo cuenta con el potencial apoyo de Junts, según se desprende de declaraciones recientes de Carles Puigdemont, quien ha suavizado su postura inicial, destacando en redes sociales que «que se perdone una parte es mejor que no se perdone ninguna».
La discusión se enmarca en un proceso complejo que busca aliviar la carga financiera de las comunidades autónomas. Para llevar a cabo esta condonación legalmente, sería necesaria la aprobación de una ley orgánica en las Cortes, lo que requiere un amplio consenso. En este sentido, el apoyo de Junts o, en su defecto, del PP sería crucial para el Gobierno. Sin embargo, el PP se ha mostrado totalmente contrario a la medida, criticándola como una concesión a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a cambio de su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez.
A pesar de la resistencia del PP, la Moncloa confía en que las comunidades autónomas gobernadas por este partido se sumarán eventualmente al acuerdo, firmado convenios bilaterales una vez la ley sea aprobada, posiblemente hacia finales de este año. La posición del PP pone la responsabilidad en manos de Junts, cuya postura ahora parece más favorable a la condonación, a pesar de sus aspiraciones de que la Generalitat de Cataluña se libere por completo de sus créditos.
El Gobierno ve en las recientes afirmaciones de Puigdemont una señal de respaldo hacia la propuesta de condonación. Esta percepción reduce la presión sobre el PP, al hacer su apoyo menos imprescindible. La posible colaboración de Junts podría, de hecho, remarcar aún más la postura contraria del PP, algo que desde la Moncloa no se pretende pasar por alto, buscando utilizar este tema como elemento de desgaste político del partido de oposición.
Así, el debate sobre la condonación de deuda se convierte en una estrategia política que busca no solo aliviar las finanzas de las comunidades autónomas sino también influir en el panorama político. Con unas elecciones autonómicas a la vista en los próximos años, la decisión final sobre si acogerse o no a la condonación podría tener repercusiones políticas significativas, especialmente para aquellos partidos que ahora se muestran indecisos o abiertamente contrarios a la propuesta del Gobierno.
