Desmantelanda una organización criminal que creaba empresas para regularizar la inmigración y estafar a la Seguridad Social

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En la localidad alicantina de Elche, agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que creaba empresas para regular la inmigración y defraudar a la Seguridad Social. En una operación que involucró a más de 100 agentes, 125 personas fueron arrestadas bajo sospecha de una organización criminal que opera en todo el país en cooperación con una firma de abogados. Se han realizado doce registros domiciliarios que han resultado en la incautación de 124.000 euros en efectivo, 4 vehículos de alta gama, 5 equipos informáticos, una granja de minería de criptomonedas y 112.000 euros de moneda virtual para el blanqueo de beneficios obtenidos por estas redes empresariales ficticias.

La investigación comenzó en octubre de 2020 cuando se conoció que un empresario sospechoso de trabajar con un despacho de abogados podría haber cometido diversos delitos, como estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los investigadores confirmaron que la empresa asociada a él como agente o administrador no pudo ser localizada, ni física ni virtualmente.

El esfuerzo policial también encontró que el empresario acusado se reunía regularmente con otras dos personas asociadas a una firma de abogados que luego resultaron ser miembros activos de la organización criminal. Los investigadores conocieron que la organización criminal, con la asesoría y participación de un estudio de abogados, trabajaba para crear sociedades anónimas ficticias con doble objetivo, emitir facturas falsas a empresas para las finanzas públicas y regularizar de manera fraudulenta la inmigración.

Empresas ficticias facilitan a los inmigrantes documentos y contratos y ofertas de trabajo para realizar el proceso de obtención o renovación de permisos de residencia. También utilizaron una de las empresas ficticias para obtener crédito de manera fraudulenta y actuaron en connivencia con los empleados de una institución financiera que nunca sería reembolsado.

El principal líder de la red criminal opera un burdel en la localidad de Licitana, que resultó ser el domicilio social de dos empresas asociadas a la red.

Lavado de dinero en criptomonedas

El operativo, que involucró a más de 100 agentes de varias unidades, logró desarticular por completo la organización y se llevó a cabo en cuatro fases. En la primera fase se realizaron entradas y registros en el domicilio con gran cantidad de documentos involucrados, 124.000 euros en efectivo, 4 vehículos de alta gama, 5 equipos informáticos, una granja de minería de criptomonedas y 122.000 euros de moneda virtual, que el terreno empresa utilizada para el blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos de sus actividades ilícitas. Una mina es una instalación que consume mucha electricidad y está conectada ilegalmente al suministro eléctrico.

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En la segunda fase, se procedió a la detención de todos aquellos que se beneficiaron de las actividades ilícitas de la empresa, ya sea mediante el cobro indebido de prestaciones del sistema de seguridad social, o mediante regularizaciones fraudulentas en el territorio nacional. En la tercera etapa, fueron detenidos los dueños de las empresas que obtuvieron facturas falsas de las organizaciones disueltas y defraudaron al erario estatal.

En la cuarta y última etapa, seis personas fueron detenidas por cargos de cohecho y filtración de secretos oficiales, entre ellos un funcionario público que resultó ser miembro de la organización investigada y alguien que recibió dinero a cambio de inteligencia. base de datos oficial.

Un total de 125 detenidos fueron investigados por la policía por cargos que incluyen organización criminal, falsificación, fraude, lavado de dinero, apoyo a la inmigración ilegal, fraude en los beneficios de la seguridad social y delitos relacionados con la prostitución. Además del material de intervención registrado, un total de 80 saldos de cuentas bancarias superaban los 200.000 euros, se congelaron 24 coches y se prohibió la transmisión, enajenación o hipoteca de un total de 10 inmuebles. La provincia se ha dado cuenta. de Alicante.

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