La utilización de un algoritmo de inteligencia artificial (IA) por parte de la Seguridad Social española desde 2018 ha generado controversias en torno a su efectividad y transparencia, a raíz de un artículo de investigación de El Confidencial y Lighthouse Reports. Conocido como Modelo de Priorización de Citas, este sistema tiene como objetivo evaluar los expedientes de baja por incapacidad temporal y determinar la probabilidad de que un trabajador pueda retomar sus labores. A pesar de tratarse de una herramienta tecnológicamente avanzada, diversos expertos y profesionales médicos han expresado sus dudas sobre la precisión y la transparencia del modelo en su aplicación.
El algoritmo del Modelo de Priorización de Citas se basa en factores personales e información médica de los trabajadores, lo que plantea cuestionamientos acerca de la protección de datos confidenciales y la posible discriminación de ciertos grupos. Además, documentos internos del sistema revelan que las tasas de acierto en la identificación de los casos de alta laboral y de bajas fraudulentas son relativamente bajas. Estas limitaciones sugieren que el algoritmo podría resultar ineficiente o incluso perjudicial para la administración de la Seguridad Social y los empleados afectados.
La pandemia de COVID-19 ha interrumpido la actualización y el entrenamiento del algoritmo, lo que ha afectado aún más su capacidad predictiva. Asimismo, los cambios considerables en el sistema sanitario español, como el crecimiento de las listas de espera, han complicado la precisión en las predicciones del sistema. De hecho, algunos médicos entrevistados han enfatizado la necesidad de adaptar y mejorar el algoritmo para que refleje adecuadamente la realidad sanitaria actual en España.
En resumen, el uso de la inteligencia artificial en la gestión de bajas laborales en España plantea diversos desafíos y preocupaciones. La falta de transparencia y la precisión limitada del Modelo de Priorización de Citas, así como la necesidad de adaptarlo a las condiciones actuales, deben ser abordadas para garantizar resultados justos y eficientes tanto para los trabajadores como para la institución de la Seguridad Social. El casi un millón de empleados que dependen de esta prestación en España requiere una solución adecuada a sus necesidades.
