La nueva ley de Información Clasificada en España incluirá un importante cambio que pondrá fin a una histórica práctica del Estado: el uso del secreto para encubrir y proteger crímenes y violaciones de derechos humanos. La ley, que busca sustituir la obsoleta ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, ha sido reformulada para incluir una cláusula que prohíbe la clasificación de información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos.
Este ha sido uno de los cambios más significativos del proyecto de ley que ha salido a la luz recientemente. La nueva norma permitirá la desclasificación de información inaccesible a la sociedad durante años, como los documentos clasificados del franquismo o la transición. En este sentido, la ley establece que se priorizará la desclasificación de información que pudiera afectar a graves violaciones de derechos humanos, como las torturas a detenidos y la guerra sucia contra ETA.
La presencia de esta cláusula era necesaria para modernizar la regulación del acceso a la información en España. La anterior ley de Secretos Oficiales no solo era una herramienta de protección para el gobierno en los casos de violaciones de los derechos humanos, sino que era una normativa obsoleta e incompatible con la regulación del acceso a la información de cualquier Estado democrático.
La nueva regulación, además de atender la necesidad de crear una normativa compatible con los estándares internacionales más altos, también espera fomentar la transparencia y contribuir a la eficiencia de los Servicios de Inteligencia. Es una medida que se enmarca en los valores democráticos, en la defensa de los derechos humanos y en la protección de las libertades individuales.
El texto de la nueva ley, además, incluye una serie de medidas que refuerzan la transparencia del sistema. Según la nueva regulación, la obligatoriedad de la desclasificación de la información a partir de un tiempo determinado, exceptuando solamente aquella que pueda poner en peligro la seguridad nacional, dota de mayor claridad y previsibilidad al sistema.
Además, la revisión periódica de los documentos clasificados para confirmar si deben seguir bajo esta categoría, resulta una medida muy acertada. Esta iniciativa va a permitir que los documentos que ya no tengan el poder de comprometer la seguridad del Estado, y que no sean necesarios para tomar decisiones, sean realmente liberados.
En conclusión, la inclusión de la cláusula que prohíbe la clasificación de información relacionada con graves violaciones a los derechos humanos es un cambio trascendental en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos en España. La nueva ley de Información Clasificada es un avance hacia una normativa más moderna, transparencia, democrática y acorde a los estándares internacionales más altos. Los derechos humanos son, sin duda, la columna vertebral de cualquier democracia, y esta medida puede contribuir a consolidar y proteger nuestros valores democráticos, y el derecho de acceder a la información como una de las herramientas más valiosas para el ejercicio de nuestros derechos.
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