En un giro inesperado de acontecimientos en el marco del sonado caso Koldo, Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha conseguido la devolución de dos vehículos incautados en febrero. Esta restitución fue posible después de que la Audiencia Nacional, a través de su sección segunda de lo Penal, fallara a favor de su recurso de apelación, evidenciando un error judicial en el proceso de confiscación de dichos bienes.
Los vehículos, un Mercedes B200 y una motocicleta Harley-Davidson, fueron devueltos a García Izaguirre tras identificarse que la medida original de aprehensión ordenada por el juez Ismael Moreno adolecía de formalidad legal, careciendo de una resolución que justificara la retención provisional de los bienes bajo el artículo 127 del Código Penal. Dicha falta de resolución puso en cuestión la adecuación de la intervención de los activos, motivo por el cual la sala dictaminó su devolución al propietario.
La controversia no solo rodea a los automóviles de Joseba García, sino que extiende sus ramificaciones a otros vehículos relacionados con la investigación del caso Koldo. Basándose en un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, se reveló que están en trámite solicitudes similares de Koldo García y su esposa Patricia Uriz, quienes buscan recuperar un vehículo adicional e incluso se les ha otorgado permiso para la venta de otros dos bajo ciertas condiciones. Entre estas, la necesidad de obtener previamente la aprobación del juzgado y asegurar que los fondos obtenidos se ingresen en cuentas bloqueadas bajo autoridad judicial.
Este escenario se complica al evaluarse la posición de Daniel Sierra Monedero, involucrado en la trama y quien también ha visto rechazada la devolución de un Toyota RAV4, con la fiscalía proponiendo que dicho activo sea retornada a Toyota Financial Services/Toyota Kreditbank como su propietario legítimo. Similar es el caso de José Luis Rodríguez, un subteniente de la Guardia Civil implicado en el caso, a quien se le ha denegado la petición de liberar un embargo sobre otro Toyota RAV4, siendo este perteneciente a una empresa bajo investigación.
En medio de las investigaciones sobre corrupción y blanqueo de capitales ilegales en el sector del transporte, este desarrollo judicial acentúa la complejidad y profundidad del caso Koldo, llevando a la superficie la interacción entre percepciones de justicia e intervención legal. La recuperación de los vehículos de Joseba García no solo plantea preguntas sobre la eficacia del proceso judicial, sino que también resalta los desafíos enfrentados por los involucrados en la trama, mientras buscan navegar por el entramado legal y recuperar sus bienes.
