El abuso de confianza es un delito muy grave que puede tener consecuencias desastrosas para las víctimas, y así ha sido en el caso del abogado de Gijón José María M. M., quien ha sido condenado a cinco años de prisión por apropiarse de cerca de 149.000 euros de un matrimonio de clientes especialmente vulnerables.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, que consideró al letrado culpable de un delito continuado de apropiación indebida, con la agravante de abuso de confianza por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban sus clientes. La mujer del matrimonio afectado llegó a verse en una situación tan precaria que se vio obligada a pedir limosna en la puerta de una iglesia.
Es especialmente preocupante que una de las víctimas sufriera una grave discapacidad y la otra tuviera un bajo nivel intelectual, lo que ponía en entredicho su capacidad para defenderse. En situaciones de este tipo, el abogado está en una posición de poder y debe actuar con una ética irreprochable y cumplir con su obligación de proteger los intereses de sus clientes.
La sentencia del Tribunal Supremo confirma la severidad de las penas impuestas en las instancias inferiores, y únicamente corrige la cuantía de la indemnización fijada, que reduce de 180.906 a 148.850 euros al confirmar que 33.000 euros de la primera cantidad fueron gastos para atender a los clientes.
Esta sentencia es un recordatorio de la importancia de elegir a un abogado de confianza y de los riesgos de poner en manos de alguien nuestra defensa legal sin hacer una investigación adecuada. Los abogados que actuamos de manera responsable, ética y consciente de nuestros deberes para con nuestros clientes estamos comprometidos en proteger su bienestar y procurar una defensa justa y equitativa de sus casos.
También es crucial que las personas que sufren de vulnerabilidad en el sistema legal sean protegidas y asistidas en la búsqueda de justicia. El abuso de confianza es un delito especialmente deplorable cuando se comete contra aquellos que son más susceptibles de ser víctimas, y la justicia debe garantizar que los responsables sean llevados ante la ley.
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