En una histórica votación realizada el 18 de septiembre, el Congreso de los Diputados dio luz verde, por unanimidad, a una modificación legislativa clave que tendrá un impacto directo en la situación de varios presos de ETA. Dicha modificación de la ley orgánica 7/2014, referente al intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, abre el camino para la reducción de condenas para alrededor de una treintena de miembros de la banda terrorista actualmente encarcelados en España, así como para aquellos que aún cumplen pena en Francia.
A raíz de este cambio, aproximadamente diez individuos serán excarcelados de manera inmediata, reviviendo el debate sobre las políticas de reinserción y la memoria de las víctimas del conflicto vasco. Entre los beneficiados se encuentran figuras destacadas de la banda, como Xabier García Gaztelu, alias «Txapote», y su pareja Irantzu Gallastegi Sodupe, «Amaia». Txapote, condenado por delitos de gran repercusión, como los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica, entre otros, verá su condena recortada de forma que podrá abandonar la prisión ya en 2025, en lugar de en 2031.
La normativa revisada no solo permitirá una reducción del tiempo en prisión sino que también agilizará el proceso para acceder a beneficios penitenciarios como el tercer grado y la libertad condicional. Esta decisión ha sido recibida con diversas posturas, pues mientras algunos ven en ella un paso hacia la resolución de una etapa oscura en la historia reciente de España, otros la interpretan como un agravio a la memoria de las víctimas.
El proceso de votación final en el Senado, programado para mañana a las 10:00 horas, es el último obstáculo que enfrenta esta reforma. De ser aprobada, no solo repercutirá en el futuro de los mencionados presos, sino que también podría significar un cambio en la política penitenciaria relacionada con los delitos de terrorismo en la Unión Europea.
La discusión en torno a esta ley, además, ha traído de vuelta al foco la compleja tarea de gestionar las consecuencias de años de violencia terrorista, buscando un equilibrio entre justicia, reinserción y el respeto a la memoria de las numerosas víctimas que dejó el actuar de ETA. La sombra de estos actos sigue siendo una pieza central en el puzzle de la política y la sociedad españolas, especialmente en un contexto en el cual los pasos hacia la paz y la reconciliación siguen siendo cautelosos y, a veces, controvertidos.
