En un fallo judicial que marca un precedente significativo sobre la legítima defensa en el contexto de robos domiciliarios, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha ratificado la absolución de Pau Rigo, un hombre de 84 años, que en 2018 disparó y mató a un intruso durante un robo violento en su vivienda ubicada en Porreres. El jurado, que juzgó el caso, determinó que Rigo actuó en legítima defensa, eximiéndolo de cualquier culpabilidad en el fallecimiento del asaltante. A su vez, los tres cómplices del asaltante fallecido han sido condenados a tres años de prisión cada uno, señalados por su participación directa en el incidente.
La decisión fue tomada luego de una detallada revisión de los hechos ocurridos en febrero de 2018, cuando Rigo, entonces de 77 años, enfrentó a los intrusos que ingresaron a su propiedad. El tribunal ha tomado en cuenta que el dueño de casa no tuvo otra opción más que defenderse ante la amenaza inmediata a su integridad física y a su vida. Esta resolución ha generado un amplio debate sobre los límites de la legítima defensa y su aplicación en casos de violencia doméstica.
Además de la condena de prisión, los ladrones enfrentan agravantes en su sentencia por el uso de disfraces durante el asalto, aunque se les ha concedido atenuantes por dilaciones indebidas y, en el caso de dos de ellos, por la reparación parcial del daño causado. Por otro lado, uno de los asaltantes ha sido sancionado no solo por su participación en el robo sino también por lesiones, siendo condenado a 2 meses y 29 días de localización permanente y obligado a indemnizar adicionalmente a Rigo con 25.500 euros.
Este veredicto no solo cierra un capítulo traumático para Pau Rigo, quien durante la audiencia final del juicio no pudo contener las lágrimas al escuchar el veredicto favorable, sino que también establece un referente sobre cómo se percibe y se legisla respecto a la defensa propia frente a situaciones de violencia extrema. La comunidad de Porreres y amplios sectores de la sociedad civil han seguido de cerca el caso, que ha levantado cuestionamientos fundamentales sobre la seguridad individual y los derechos de los ciudadanos a proteger su hogar.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares al emitir este fallo, no solo brinda justicia a Pau Rigo sino que también abre la puerta a futuras discusiones legislativas y judiciales sobre hasta dónde puede llegar un individuo para defenderse dentro de su propiedad privada. La indemnización conjunta y solidaria de 15.000 euros a la víctima por parte de los intrusos condenados remarca la responsabilidad compartida de los delincuentes en los hechos delictivos y las consecuencias legales que acarrean sus acciones.
