La tensión se intensifica en el ámbito judicial español con el reciente desarrollo en el caso que vincula a varios investigados con la plataforma independentista Tsunami Democràtic, tras los disturbios ocasionados en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés separatista catalán en octubre de 2019. Cuatro de los investigados, que no comparecieron a sus citaciones esta semana y se encuentran refugiados en Suiza, ahora enfrentan órdenes de busca y captura, marcando un nuevo capítulo en el enfrentamiento legal que involucra tanto a la Fiscalía como a acusaciones particulares.
El juez Manuel García Castellón, al no contar con la comparecencia de estos individuos, solicitó a las partes implicadas que se posicionaran sobre los pasos a seguir. Frente a esta situación, la Fiscalía se mostró en desacuerdo con emitir una petición de arresto internacional, una postura que contrasta con la de la acusación particular, que representa a los policías heridos durante los actos liderados por la plataforma. Esta última ha insistido en la necesidad de proceder con la detención de los investigados.
Este conflicto surge en un momento delicado, justo cuando se anticipa la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que algunos de los implicados esperan que les favorezca. La situación legal de los investigados se complica aún más por el intento de algunos de dilatar las diligencias, según acusa el despacho Fuster Fabra, que representa a los policías lesionados, interpretando estas acciones como un esfuerzo por eludir a la justicia y ocultar deliberadamente su paradero.
Mientras tanto, Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC e investigada en la causa, fue la única que compareció ante el magistrado, quien también había citado a otras figuras clave como Xavier Vendrell, Jesús Rodríguez Sellés, Josep Campmajó y Oleguer Serra. Marta Rovira, secretaria general de ERC, se encuentra en una situación similar pero aún no ha sido citada, y ha solicitado sin éxito poder declarar desde Suiza.
La recepción a la posibilidad de declaraciones por videoconferencia, sugerida por la Fiscalía y apoyada por precedentes del Tribunal Supremo para facilitar la práctica de diligencias, parece una solución intermedia que podría ayudar a avanzar en el caso sin necesidad de recurrir a arrestos internacionales. Sin embargo, la decisión final del juez García Castellón y su repercusión en figuras como Puigdemont y Rovira, sigue en vilo.
Este complejo escenario refleja el desafío continuo que enfrenta el sistema judicial español en el contexto del movimiento independentista catalán, en un momento en que las decisiones legales no sólo tienen implicaciones en el ámbito judicial, sino que también resuenan profundamente en el tejido político y social de España.
