En un nuevo capítulo de la intensa batalla legislativa en España, la coalición política Sumar ha intensificado sus esfuerzos para derogar la controvertida Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, comúnmente apodada como la «ley mordaza». Este viernes, ha presentado oficialmente una proposición de ley, marcando el tercer intento de la coalición por desmantelar esta normativa que rige desde 2015.
En un anuncio realizado por Enrique Santiago, portavoz de Interior y Justicia de Sumar, durante una rueda de prensa en el Congreso, se ha hecho un llamado a la unión de las fuerzas progresistas. Estas fuerzas habían llegado a un consenso en torno al 95% del texto durante la pasada legislatura, proponiendo modificaciones en 36 de los 54 artículos que componen la ley actual. Sin embargo, estos esfuerzos no culminaron en una reforma exitosa el año pasado, lo que dejó a la proposición en un limbo legislativo.
La iniciativa se fundamenta en un dictamen desarrollado por una ponencia que contó con la aprobación de partidos como PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu y Junts. Este documento sirve como la base sobre la que Sumar pretende erigir su estrategia para abrogar la actual ley. Santiago ha subrayado la sólida naturaleza de este dictamen previo, fruto de más de un año de esfuerzos colaborativos, como una señal prometedora para un posible éxito legislativo.
La urgencia detrás de este renovado intento por derogar la ley mordaza responde a lo que Santiago describe como «constantes ataques de la derecha y la ultraderecha a la democracia». Dicha legislación ha sido ampliamente criticada tanto dentro como fuera de España por sus disposiciones consideradas restrictivas de la libertad de expresión y del derecho de reunión y manifestación.
A pesar de la determinación de Sumar, el camino para reformar la ley mordaza no será sencillo, dado que los esfuerzos previos se han topado con obstáculos significativos. Entre ellos, se encuentran diferencias en puntos críticos como las faltas de respeto a la autoridad, desobediencia y resistencia, las devoluciones en caliente, y el uso de material antidisturbios, aspectos en los que no se alcanzaron cambios en anteriores negociaciones.
Aunque el portavoz Enrique Santiago ha esquivado pronunciarse sobre estas cuestiones disputadas, insistió en que los acuerdos ya alcanzados representan un cambio radical respecto al modelo planteado por el Partido Popular cuando introdujo la ley. Ahora, Sumar insta a la prudencia y se muestra abierto a configurar un amplio acuerdo que permita superar los últimos escollos para finalmente derogar la ley.
La proposición contempla cambios significativos, como el reconocimiento de la seguridad ciudadana como una garantía para el ejercicio de derechos fundamentales y no como una restricción, el permiso para manifestaciones espontáneas, reducciones en las cuantías de las sanciones y consideraciones sobre la capacidad económica de los infractores entre otras modificaciones.
Con este primer paso formalizado mediante el registro de la iniciativa, se espera que su tramitación inicie con su toma en consideración en el pleno del Congreso después del verano. La expectación es alta ante este nuevo intento de reforma, que reaviva el debate sobre uno de los aspectos más polémicos y divisivos de la legislación española en materia de seguridad y derechos civiles.
