En un reciente fallo judicial, la Audiencia Provincial de Cáceres ha reiterado su negativa a permitir que Constantin Gabriel Dumitru, convicto por el sonado robo de botellas de vino del restaurante Atrio, ubicado en la ciudad de Cáceres, sea expulsado de España en sustitución de la pena de prisión que le resta por cumplir. Dumitru, que enfrenta una condena de cuatro años y seis meses de prisión por un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público de «especial gravedad», había solicitado a través de su defensa que se contemplara su expulsión del territorio español como alternativa al encarcelamiento.
El auto, dado a conocer por la agencia EFE, desestima el recurso de súplica interpuesto por la defensa del condenado contra una resolución previa fechada el 14 de agosto de 2024, manteniendo firme la decisión de que Dumitru continúe cumpliendo su condena en la cárcel. La defensa argumentó que el delito no era de gravedad suficiente como para impedir la expulsión, y planteó el debate sobre si la estancia de Dumitru en España constituye un peligro significativo para la seguridad pública, a lo que la Audiencia respondió que corresponde a la administración determinar la peligrosidad del ciudadano comunitario para decidir sobre su posible expulsión, basándose en criterios no plenamente definidos en el Código Penal actual.
Esta resolución contrasta con el trato dispensado a Priscila Lara Guevara, coautora del mismo crimen, quien después de cumplir dos años de su condena de cuatro años, fue expulsada a México, su país de origen. Esta diferencia en el manejo de ambos casos pone de relieve los distintos criterios aplicados a ciudadanos de la Unión Europea frente a nacionales de terceros países en lo que respecta a las medidas de expulsión como sustitutivas de condenas de prisión.
El robo al restaurante Atrio se ha convertido en uno de los crímenes más mediáticos en los últimos tiempos, por el valor y la singularidad de las botellas sustraídas, generando un amplio debate sobre las políticas de seguridad y las leyes de expulsión en España. La firme decisión de la Audiencia de Cáceres subraya la postura de que ciertos delitos, independientemente de la nacionalidad del condenado, requieren de un tratamiento punitivo que asegure la justicia y la seguridad pública, limitando así el uso de la expulsión como medio alternativo de cumplimiento de penas para ciudadanos de la Unión Europea.
