Se desiste de acusar por el 1-O a uno de los colaboradores cercanos a Junqueras y se solicita una sanción reducida para otro, según la Abogacía del Estado.

La Abogacía del Estado acusa a dirigentes de ERC por referéndum ilegal

Este martes la Abogacía del Estado presentó su escrito de acusación contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, líderes de ERC que están pendientes de juicio por la organización del referéndum independentista ilegal del 1-O de 2017.

Jové, líder de los republicanos en el Parlamento catalán, y Salvadó, actual presidente del Puerto de Barcelona, eran los hombres de confianza del exvicepresidente Oriol Junqueras en el momento álgido del procés. Ambos están procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos.

La Abogacía, sin embargo, esgrime la reforma del Código Penal pactada por el Gobierno y ERC el pasado diciembre para pedir que se aplique a Jové el nuevo delito de malversación atenuada y no acusar de ningún delito a Salvadó.

La petición de la Abogacía del Estado surge a raíz de la reforma del Código Penal que amplía el delito de malversación para incluir cualquier gasto público realizado sin autorización, independientemente de si hay enriquecimiento personal, siempre y cuando se haya incumplido una norma.

La defensa de Jové sostiene que su cliente no cometió delitos de malversación, ya que el gasto público del que se acusa se destinó a la organización del referéndum, y que, en cualquier caso, debería ser considerado un delito continuado, lo que reduciría la pena en seis meses.

La Abogacía del Estado solicita para Jové tres años y medio de prisión, mientras que para Salvadó no pide ningún delito, ya que considera que su participación en el referéndum fue menor que la de Jové.

El juicio de Jové y Salvadó, que se celebrará en la Audiencia Nacional, se prevé que comience a principios del año que viene y se prolongue durante varios meses.

El referéndum ilegal del 1-O de 2017 desencadenó la mayor crisis política de la reciente historia de España. El Gobierno central, presidido entonces por Mariano Rajoy, decidió intervenir la autonomía de Cataluña y destituir al Govern y al Parlament, lo que precipitó la declaración de independencia y la huida al extranjero de algunos líderes independentistas, como el antiguo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

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