La práctica de incluir enmiendas en textos legislativos ajenas a sus fines, conocidas como «enmiendas intrusas», continúa siendo una estrategia recurrente en la política española, a pesar de las advertencias y acciones del Tribunal Constitucional. Este mecanismo ha sido utilizado tanto por gobiernos pasados como por el actual ejecutivo de Pedro Sánchez, generando controversia y críticas provenientes de diversos sectores y fuerzas políticas.
El origen de este conflicto se remonta al 2003 cuando el PSOE interpuso un recurso de amparo contra la intención de José María Aznar de introducir, mediante una enmienda a la Ley de Arbitraje, la tipificación del delito de convocatoria de elecciones ilegales o referéndums, en un claro intento por frenar el Plan Ibarretxe. El Tribunal Constitucional, en 2011, marcó un precedente jurisprudencial al dar la razón al PSOE, estableciendo un claro mensaje sobre la improcedencia de esta práctica.
Sin embargo, esta estrategia legislativa no solo no ha desaparecido sino que se ha mantenido como una herramienta habitual de gestión parlamentaria, incluso bajo el gobierno de Sánchez. Esto quedó plasmado recientemente con la utilización de la Ley de Paridad para modificar la capacidad del Senado de vetar el techo de gasto, una movida que ha levantado críticas y dudas sobre su constitucionalidad. La Cámara Alta, que tradicionalmente no posee supremacía sobre el Congreso en la mayoría de los asuntos legislativos, halló en esta maniobra un ataque directo a sus facultades.
Además, esta no ha sido la única ocasión en que el ejecutivo ha recurrido a «enmiendas intrusas». Otros ejemplos incluyen la inclusión de disposiciones en leyes que van desde la creación de autoridades independientes hasta el ajuste de marcos presupuestarios. Estas prácticas no solo han despertado la alerta de la oposición, sino también de organismos como la Comisión de Igualdad del Congreso, que ha advertido sobre las posibles inconstitucionalidades de estas maniobras.
El Partido Popular, actualmente con mayoría absoluta en el Senado y principal fuerza de oposición, se prepara para llevar estas controversias ante el Tribunal Constitucional, reiterando la necesidad de salvaguardar los procedimientos legislativos de cualquier estrategia que busque socavar la esencia democrática del proceso.
La necesidad de una reforma que ponga fin a las «enmiendas intrusas» fue una de las promesas de Alberto Feijóo, enfatizando la importancia de mantener la integridad y transparencia en el trámite de las leyes, un compromiso que busca restaurar la calidad institucional y el respecto a la normativa y la Constitución española.
El uso de estas enmiendas, lejos de ser casos aislados, se ha convertido en un símbolo de la urgente necesidad de revisar y mejorar los reglamentos de las Cortes Generales para asegurar que las leyes sean tramitadas y aprobadas con pleno respeto hacia su objeto y propósito original, evitando prácticas que, bajo la perspectiva de muchos, erosionan la calidad democrática y institucional de España.
