En España, la velocidad de la justicia y la eficiencia de su sistema judicial están siendo cuestionadas debido a una serie de factores estructurales que parecen obstaculizar el correcto funcionamiento de los juzgados. A esto se suma el creciente descontento de la ciudadanía respecto a cómo se administran las leyes en el país. El exmagistrado Jorge Maza, quien tras retirarse de la judicatura continúa ejerciendo como abogado, comparte esta percepción y aporta su visión crítica sobre el panorama actual de la justicia española.
Según el último Informe del Estado de derecho 2024, elaborado por la Fundación Hay Derecho, España se encuentra en una situación preocupante respecto al número de jueces por habitante, situándose en el penúltimo lugar entre los países europeos analizados. Con tan solo 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes, el país se sitúa lejos de la media europea de 22, quedando por delante únicamente de Irlanda, Dinamarca, Malta y Francia.
Este escenario se refleja negativamente en la percepción pública de la administración de justicia, catalogada según encuestas del CIS como el peor servicio público valorado en España. Aunque un estudio de Metroscopia apunta a una percepción más positiva por parte de quienes han interaccionado directamente con el sistema judicial, la realidad es que los juzgados españoles están desbordados, acumulando más de 4 millones de asuntos pendientes y experimentando un incremento anual de unos 250.000 casos nuevos, lo que señala un crecimiento del 17% solo en el último año.
Jorge Maza critica la manera en que se gestionan los casos judiciales en España, señalando que mientras en otros países los casos se filtran y preparan antes de llegar a manos del juez, en España esta labor recae enteramente en el magistrado, lo que contribuye al atasco de los juzgados. Además, destaca un aparente exceso de abogados en el país, especialmente en comparación con Francia, lo que parece agravar la situación.
Ante esta realidad, el exjuez Maza propone soluciones alternativas como el uso de la mediación para descongestionar los juzgados, un enfoque que ha tenido éxito en países anglosajones y en algunos casos europeos. Maza resalta la diferencia entre la mediación practicada en España y el «mini-trial», un tipo de minijuicio que facilita un diálogo constructivo entre las partes involucradas, ahorrando tiempo y recursos tanto para los litigantes como para el sistema judicial.
La experiencia de Jorge Maza y su promoción del «mini-trial» ofrecen una visión innovadora para abordar la saturación de los juzgados españoles. Esta propuesta, además de reducir la carga de trabajo en los tribunales, tiene el potencial de transformar la experiencia judicial para los ciudadanos, priorizando la escucha activa y la resolución eficiente de conflictos.
Este escenario no solo refleja los retos a los que se enfrenta la justicia en España, sino que también abre un debate necesario sobre cómo modernizar y mejorar el sistema judicial para hacerlo más accesible y eficiente para todos. El intercambio de experiencias internacionales y la adopción de métodos alternativos de resolución de conflictos, como el «mini-trial», podrían ser claves para aliviar la presión sobre los juzgados y mejorar la percepción pública de la justicia en España.
