La contratación pública en España ha alcanzado cifras alarmantes en lo que va de 2024, con gastos que superan los 34.000 millones de euros distribuidos en más de 103.000 contratos públicos. Este panorama, delineado por el Ministerio de Hacienda, refleja la magnitud y complejidad de las compras institucionales. Sin embargo, un informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) destaca preocupantes fallos en el sistema, principalmente debido a una notable falta de información en varias fases del proceso contractual.
La realidad que enfrentan los ayuntamientos en España es uno de los principales focos de esta problemática. Con más de 8.000 municipios, la mayoría con menos de 5.000 habitantes, estas entidades locales luchan contra la obsolescencia y la falta de recursos, manteniendo pautas de comportamiento más propias de la década de los 80 que de la era actual. Este rezago, según Jorge Agudo, experto de la Universidad Autónoma de Madrid, merma significativamente el control y la eficiencia en la contratación pública.
El Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo han detectado irregularidades a lo largo de todo el ciclo de contratación, especialmente en las fases preparatorias. Estas ineficiencias derivan en la fragmentación de las compras en varios convenios menores, aumentando el coste final para las arcas públicas. La falta de una programación adecuada y del cumplimiento de la obligación de publicar informes es flagrante, perpetuando una gestión deficiente que afecta tanto la transparencia como la competitividad.
Más allá de las falencias administrativas, el plano de las consultas de mercado y la etapa de ejecución de los contratos también son señalados por sus deficiencias. La opacidad en estas áreas sugiere un incumplimiento en el deber de publicación de informes y un riesgo de prácticas fraudulentas, aparte de entorpecer el conocimiento pleno de hacia dónde se dirigen los fondos públicos.
Sumado a esto, se resalta la incapacidad de incorporar criterios medioambientales, sociales o de innovación en las condiciones especiales de ejecución, evidenciando una resistencia al cambio y una notable desconexión con los objetivos públicos más amplios.
La solución a este entramado problema podría estar en una intervención más decidida del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en ajustes legislativos desde Bruselas que impongan un control más riguroso, tanto para los contratos de gran envergadura como para los menores. En tanto, la adaptación a la normativa actual sigue siendo un desafío relevante para las pequeñas administraciones, que a menudo encuentran obstáculos insalvables en la complejidad y constante evolución de la legislación.
Esta situación de la contratación pública en España ilustra el difícil equilibrio entre la necesidad de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos y la capacidad real de las administraciones locales para cumplir con estas exigencias en un entorno cada vez más regulado y complejo.
