La alarma ha resonado en los corredores de la seguridad rural en Toledo, después de que la asociación Jucil, representante mayoritario de la Guardia Civil, lanzara una denuncia sobre la palpable escasez de agentes en estas áreas, una situación que ha tomado un cariz especialmente trágico este fin de semana con dos asesinatos que han sacudido a la comunidad. Una chica de 17 años en Otero y un niño de 11 en Mocejón perdieron la vida en eventos separados, mientras el tiempo de respuesta de la Guardia Civil superó los 40 minutos en ambos casos.
En un comunicado emitido por Jucil, se ha hecho énfasis en que estos deplorables incidentes revelan una verdad incómoda sobre la capacidad actual de la Guardia Civil para proporcionar seguridad adecuada a los habitantes rurales de España. Específicamente, en el caso del asesinato del niño en Mocejón, a pesar de la activación de dos patrullas desde Seseña y desde una localidad cercana, además del apoyo del Seprona desde Illescas, el tiempo de respuesta alcanzó un total de cuarenta minutos. Un lapso crítico que permitió, lamentablemente, la fuga del asesino, quien continúa prófugo.
Este escenario ha sido descrito como aún más grave en el asesinato acontecido en Otero, donde, siguiendo a Jucil, el primer aviso de una discusión se dio una media hora antes de que los disparos fueran escuchados por testigos, sin que ninguna patrulla hubiera arribado al sitio de la emergencia dentro de dicho intervalo.
Javier Montero, portavoz de Jucil, expresó su indignación frente a estos tiempos de respuesta, calificándolos de «inaceptables». «En situaciones de emergencia, cada minuto cuenta», subrayó, denunciando la desprotección que sufren los residentes de áreas rurales a causa de la distancia y la falta de recursos.
En respuesta a esta crítica situación, Jucil ha reclamado una ampliación en el número de efectivos, enfatizando en la necesidad de revisar el modelo de despliegue operacional de la Guardia Civil para asegurar a todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica, acceso a una protección sin demoras, adecuada y eficaz.
Asimismo, se ha señalado un déficit específico en la provisión de efectivos en la provincia de Toledo, donde serían necesarios al menos 200 guardias civiles adicionales, según el último catálogo de puestos de trabajo de la asociación. Este déficit, de acuerdo con Jucil, se extiende igualmente por el resto de Castilla-La Mancha y afecta a numerosas comunidades rurales en toda España, dejándolas en una creciente situación de vulnerabilidad.
Estos eventos y declaraciones resaltan una urgente necesidad de revisión y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad rural, particularmente en regiones que, como Toledo, se ven especialmente afectadas por este déficit de efectivos, poniendo en riesgo la vida y la seguridad de sus habitantes.
